Juez dicta prisión preventiva justificada a Jesús Murillo Karam

Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara la medida, al considerar que existía un riesgo de fuga.

La medida se dio durante la audiencia que se llevó a cabo este sábado en el Reclusorio Norte. Al exfuncionario se le señala por los posibles delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en torno al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además, el juez programó para el 24 de agosto la audiencia en la cual se definirá si el exgobernador de Hidalgo es vinculado a proceso.

De acuerdo con los representantes del Ministerio Púbico, existía un riesgo de que Murillo Karam se fugara del país, ya que no tiene arraigo domiciliario, pues posee propiedades en los estados de Hidalgo y Guerrero, así como un patrimonio de 85 millones de pesos, con lo que podría dejar el país.

Por otra parte, la defensa del exfuncionario, integrada por los abogados Antonio López Ramírez y Javier López García, solicitó la duplicidad del término constitucional, y que la audiencia continúe el próximo 24 de agosto.

Además, pidió ofrecer medios de prueba, tanto documentales como una pericial médica, para que la audiencia pueda ser diferida.

En este sentido, el juez decretó un receso de dos horas.

El arribo de Murillo Karam al Reclusorio Norte y la audiencia

Murillo Karam arribó esta mañana a la zona de juzgados del centro penitenciario, en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó a elementos de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Marina (Semar).

La audiencia inició a las 09:00 horas al Reclusorio Norte, y en el transcurso de la misma, los agentes del Ministerio Público, Lidia Bustamante y Sergio Navarro, detallaron las pruebas con las que la Fiscalía cuenta.

Entre ellas se encuentra que Murillo Karam no denunció la presunta tortura ejercida por Tomás Zenón a al menos seis de los implicados en el caso, a pesar de haberse enterado del hecho.

Además, lo señaló de ser el padre de la llamada “verdad histórica”, que afirmaba que los estudiantes fueron secuestrados y asesinados por integrantes del cártel Guerrero Unidos, y posteriormente quemados en un basurero en Cocula.

A la par, la fiscalía lo acusó de organizar un “cónclave” para “fraguar” la “verdad histórica”, que afirmaba que los estudiantes fueron secuestrados y asesinados por integrantes del cártel Guerrero Unidos, y posteriormente quemados en un basurero en Cocula.

Entre los participantes habrían estado el extitular de la FGR; Tomás Zerón, titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Omar García Harfuch, quien fungía como delegado de la Policía Federal en Guerrero; y Gualberto Ramírez, entonces fiscal de la Unidad Especializada en investigación de delitos en materia de secuestro.

Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue detenido en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en un operativo donde participaron elementos de la Policía Ministerial y de la Semar.

Su aprehensión ocurre después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014, fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela rural para maestros desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en la manifestación del 2 de octubre, en memoria a la matanza de estudiantes en la plaza de las Tres culturas, en Tlatelolco.

Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

De acuerdo con este último informe, “existen elementos” para que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33 personas. 

-Con información de EFE