El Ejército interceptó llamadas en tiempo real la noche de Iguala: GIEI

El ejército llevó a cabo intervenciones telefónicas en tiempo real la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sin que se tomara ninguna decisión para salvar a los 43 normalistas, informó Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

A un día de que termine su mandato en México, el cual había reiniciado en 2020 con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el GIEI ofreció un mensaje a medios con detalles de su tercer informe, el cual fue dado a conocer de forma parcial en marzo de este año y ahora que se han judicializado varias casos, difunden de forma completa.

Beristain dijo que el informe de la Comisión presidencial para el acceso a la verdad y la justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) mostró cómo el crimen organizado estaba ligado a parte del ejército, de la policía estatal, la policía municipal y participaron en la desaparición forzada de las estudiantes.

“No se trata de declaraciones, hay archivos oficiales” de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Cisen para confirmarlo”, dijo Beristain.

Los integrantes del GIEI señalaron que la Sedena, a través del software espía Pegasus, utilizó este sistema para darle seguimiento a teléfonos de varias personas desde 2014, entre ellas, a miembros de Guerreros Unidos, familiares, miembros de seguridad pública y también elementos del ejército.

Señalaron que había trasiego de cocaína y de heroína desde el municipio de Iguala hasta Chicago, Illinois, según información pública y que permite entender el escenario criminal en el que ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Entre sus hallazgos, también suponen que el 7 de octubre de 2014 pudo haber algunos normalistas aún con vida, sin que haya aún evidencia de esto.

Advirtieron que hay mensajes que involucran al coronel Rafael Hernández, del 41 batallón, a quien se le canceló orden de aprehensión, de forma inexplicada, dijo Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI.

El mensaje se da a unos días de que se confirmara la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación, y de que se diera a conocer el informe de la Covaj el cual indica que la desaparición de los 43 normalistas es de un crimen de Estado.

Temen cacería de brujas contra la UEILCA

El experto Francisco Cox Vial alertó que temen que haya una cacería de brujas por parte de la Fiscalía General de la República luego de que el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, fue despojado de las carpetas de investigación y se opuso a frenar 21 órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas.

Cox dijo que la Unidad Especial solicitó pericias a servicios periciales al interior de la FGR y que obligaron a buscar pericias en el extranjero que sí dieron los resultados y se refiere a análisis de voz de personas públicas que aparecen en videos de torturas.

“Quizás el momento de mayor ruptura de este acuerdo ocurre en el mes de agosto de 2022”, dijo cuando se comisiona a una licenciada de Asuntos Internos para que realizara acciones del ministerio público adscribiéndola a la UEILCA.

Advirtieron que no se entiende por qué comisionaron a una ministerio público de área de asuntos internos a hacer la consignación del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam sin que conociera el caso a profundidad.

“Fue de público conocimiento cómo en la audiencia de control, el juez de control del Reclusorio Norte llamó la atención a quienes acudieron a la audiencia por su falta de conocimiento del caso y de la carpeta investigativa” y que se dejaron de incluir evidencias y elementos probatorios que hubiesen fortalecido aún más la responsabilidad del exprocurador Murillo Karam, dijo Cox.

En consecuencia, se corre el riesgo de que no se logre una conde a contra de Murillo Karam porque su expediente se integró de forma débil por una persona que era ajena a la unidad especial del caso Ayotzinapa.

Angela María Buitrago señaló que personal de la antigua Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y personal de la visitaduría llegaron a “a despojar de las carpetas a los fiscales especiales de la UEILCA”.

Advirtió que hay una orden directa de un tribunal de Tamaulipas de que las personas que intervinieron con antelación en el caso Ayotzinapa no podían intervenir en las carpetas y entre estas hay algunas investigadas por actos de tortura.

“Desde 2014 tenían investigaciones paralizadas que no habían realizado de debida manera”, señaló Buitrago.

Denunciaron que la UEILCA se quedó sin policías, no había quién hiciera investigaciones. Todas las policías habían desaparecido y hubo una instrucción que no siguieran colaborando para la unidad.

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