El camino del fiscal especial para el caso Ayotzinapa

La renuncia del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se suma a la serie de bloqueos que enfrentó al inicio de las investigaciones, en 2019, en la Fiscalía General de la República (FGR) cuando comenzó a trabajar acompañado por personas de la anterior administración y que conocían a los exfuncionarios que él investigaba por el encubrimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Gómez Trejo llegó a perder papeles importantes relacionados con la participación de exfuncionarios cuando inició su trabajo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).

“Me entregan un file que tenía información delicada, entonces yo dejo mi file en la mesa. Y me levanto, voy a hacer una cosa… hablar con parte del equipo. Regreso y el file no está”, relató Gómez Trejo en un reportaje de Kate Doyle y Anayansi Diaz-Cortes que dio origen al podcast Después de Ayotzinapa.

Gómez Trejo acudió entonces con el personal de seguridad, monitoreó las grabaciones de las cámaras de video e identificó que un miembro de su equipo fue quien había tomado el archivo, por lo que lo despidió.

“Después voy, lo confronto, niega la información… y ahí estaba mi folder en su escritorio. Traigo mi folder, hablo con sus coordinadores. No quieren hacer nada y es donde me doy cuenta que es necesario tomar una serie de medidas mucho más drásticas, que es decir a la gente que si no me va a ayudar mejor que se vaya. Y empiezo a despedir”, relató en el podcast que narra los hechos de Ayotzinapa con las personas involucradas en los primeros años después de la desaparición de los 43 normalistas.

Gómez Trejo había tenido que despedir a decenas de personas porque también había sido blanco de espionaje con el software Pegasus, durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero tuvo que pasar más de un año para que él y otros objetivos del gobierno lo supieran.

En 2017 se dio a conocer que los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), como otros defensores de derechos humanos y periodistas, habían sido blanco de espionaje, con el software espía del gobierno israelí, Pegasus, contratado por el gobierno mexicano.

Desde entonces, Gómez Trejo solía dejar su celular en el refrigerador, según relató en la entrevista, o era consciente de que podía estar siendo espiado.

El inicio

Gómez Trejo inició su acercamiento con el caso Ayotzinapa cuando trabajaba en la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al realizar hizo un viaje a la Escuela Normal rural “Isidro Burgos” por invitación del gobierno mexicano después de la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de tres de ellos.

Meses después, Gómez Trejo supo que se crearía el GIEI, como una propuesta de la CIDH al gobierno mexicano para abrir el caso al escrutinio internacional. Este grupo necesitaba un secretario técnico y él postuló para ese puesto.

Fue el medio de contacto y coordinación para el grupo de expertos que fueron revelando que detrás de la “verdad histórica” había alteración de evidencias y hechos que encubrían lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014.

Por ejemplo, exhibieron que no había evidencia de que hubo un incendio en el basurero del municipio de Cocula, donde supuestamente fueron asesinados e incinerados los 43 normalistas después de haber sido detenidos en el municipio de Iguala, como hizo creer el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Descubrieron que había un quinto autobús que había sido tomado por los normalistas en la terminal de Iguala, como parte de sus planes para viajar a México y participar en la marcha del 2 de octubre. La existencia de dicho autobús fue ocultada de las investigaciones de la entonces PGR.

Exhibieron también que Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, llevó a cabo diligencias en el río Cocula con inculpados en el caso sin que quedaran asentadas en la carpeta de investigación, así como la alteración de evidencias.

Después de que el GIEI rindió su segundo informe, el 26 de abril de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió no extender más su presencia y tuvieron que dejar el país, y Gómez Trejo se vio obligado a exiliarse por tres años por considerar que estaba en riesgo.

En ese lapso, llegó a trabajar en Washington en la CIDH y tras el  cambio de gobierno en México, en 2019 decidió postular para el nombramiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa, uno de los compromisos de la Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Entre los logros de la UEILCA están haber obtenido la orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel, país con el que México no tiene tratados de extradición y con quien se ha llevado un intercambio diplomático para tratar de extraditarlo. Incluso, las autoridades buscaron un convenio con el exfuncionario para que ofreciera información y esclarecer el caso a través de un criterio de oportunidad, pero sus abogados no aceptaron la oferta.

Lograron la identificación de información genético de dos restos óseos encontrados en otros puntos distintos a los del basurero de Cocula, los cuales correspondían información de  dos normalistas, lo que sumaba tres identificaciones. La ubicación de esos restos era distinta a la del río San Juan, a donde supuestamente habían sido arrojados los restos de los jóvenes.

La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa, presentó su renuncia, luego de que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pidió cancelar 21 órdenes de captura en contra de exfuncionarios involucrados con el caso, de las cuales 16 eran en contra de militares, según dio a conocer el diario El País.

El fiscal especial dio a conocer su decisión a las familias de Ayotzinapa hace dos semanas, a quienes les expresó que incluso tuvo enfrentamientos con el fiscal Gertz Manero, según información a la que tuvo acceso La-Lista.

El País dio a conocer que el enfrentamiento se dio porque Gertz Manero le exigió que consignara el caso de Murillo Karam, quien actualmente está preso en el Reclusorio Norte, acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia, pero Gómez Trejo se rehusó porque consideraba que no estaba bien armado el caso aún. El fiscal general designó la consignación a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y desde el 19 de septiembre ha retirado a los elementos asignados a la UEILCA.

La detención de Murillo Karam se dio luego de que la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa dio su informe con conclusiones preliminares en donde anunció que no hay indicios de que los normalistas estén con vida. Todos los testimonios y la transcripción de conversaciones telefónicas intervenidas esa noche indican que fueron detenidos por policías de Iguala, entregados al grupo criminal Guerreros Unidos y divididos en grupos con el fin de asesinarlos y desaparecer sus restos.

Seis normalistas permanecieron con vida hasta el 30 de septiembre, cuando un integrante de Guerreros Unidos informó a un mando del 27 Batallón del Ejército de Iguala que se encontraban en un bodega y él dijo que se haría cargo. Después de estas revelaciones, la FGR informó que había obtenido 83 órdenes de captura, de las cuales 20 eran en contra de elementos del Ejército.

“El Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos”, informó la FGR el 19 de agosto, y detalló que fue por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Pero luego pidieron cancelar 21 de éstas, hecho que se dio a conocer el 24 de septiembre pasado.

Tras darse a conocer las acciones del fiscal Gertz Manero con respecto a la UEILCA, el presidente López Obrador defendió las decisiones de la FGR.

“El fiscal (Gómez Trejo) se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea, hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”.

Gómez Trejo llegó a la Unidad Especial en el gobierno de AMLO con el apoyo de las familias de los normalistas desaparecidos. Fue una relación que se construyó desde que fue secretario técnico del GIEI. Este grupo dará un nuevo informe este 29 de septiembre, a ocho años de la desaparición de los normalistas.

Las familias encabezaron una marcha el pasado lunes, a ocho años de los hecho y denunciaron que el ejército se ha impuesto sobre ministerios públicos y jueces del Poder Judicial.