Después de dos años, la Corte discute el acuerdo militarista de AMLO
Integrante del Ejército Mexicano. Foto: Gobierno de México.

Después de más de dos años y 70 mil homicidios dolosos en México, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia la discusión del primero de al menos ocho acciones y controversias constitucionales en materia de militarización en México.

Este lunes llega al pleno del Alto Tribunal el proyecto de la controversia constitucional 90/2020, promovida por la Cámara de Diputados, en la cual se reclama la invalidez del llamado acuerdo militarista del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), publicado el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, al considerar que excedió sus competencias al normalizar y extender el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad

El primero de cinco artículos y dos transitorios que conforman el acuerdo señala que:

“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”.

En el primer transitorio se indica que el acuerdo tendría una vigencia al 27 de marzo de 2024.

Pero en los más de dos años que han pasado desde la promulgación del acuerdo, ha ocurrido lo contrario: las Fuerzas Armadas han pasado de estar supuestamente subordinadas a la Guardia Nacional a tomar el mando y control de este cuerpo de seguridad y este año, se aprobó la reforma para extender la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028.

Desde su creación en 2019 y hasta este año la Guardia Nacional ha alcanzado un despliegue de 118 mil 188 elementos, en 266 regiones en las 32 entidades federativas. Los indicadores en materia de seguridad indican que los homicidios dolosos han tenido una reducción marginal a partir de la promulgación del llamado acuerdo militarista.

La principal causa de muerte de las personas jóvenes en México son los homicidios dolosos, según los reportes diarios del gobierno federal el promedio diario de homicidios dolosos es de 66 a 80 casos diarios desde mayo de 2020.

Durante 2020 y 2021 en México se registraron 72 mil 473 homicidios dolosos, de los cuales 50 mil 131 fueron por arma de fuego, según las cifras definitivas de homicidios del Inegi.

El proyecto para resolver la controversia, que inicialmente iba a ser discutido por la Primera Sala, estuvo a cargo de la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, pero hace exactamente un año se propuso y aprobó que fuera discutido por el pleno por la relevancia del asunto.

Esta no es la única impugnación que existe en contra de diversos ordenamientos sobre la militarización del país. Desde gobiernos anteriores hay acciones y controversias en la materia. La primera es la acción de inconstitcuionalidad 46/2016 en contra de la ampliación del fuero militar para elementos de la Fuerzas Armada permanente que participan en labores de seguridad, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD) en junio de 2016, turnada al ministro Luis María Aguilar Morales.

Hay otras dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de la guardia Nacional y la Ley Nacional de Registro de Detenciones presentadas en 2019 por la CNDH en junio de 2019, las cuales fueron turnadas a la ponencia de Javier Laynez Potisek, según el Obervatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México.

Respecto al acuerdo militarista hay tres controversias más presentadas por el gobierno de Michoacán, el gobierno municipal de Colima y el municipio de Pablellón de Arteaga, en Aguascalientes, presentadas en 2020, también turnadas a la ministra Ríos Farjat, pero estas no se mencionan en la lista de asuntos a discutir este lunes.

La acción de inconstitucionalidad más reciente es la 137/2022, presentada por una minoría de senadores en contra el decreto por el que se transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La militarización, el gran pendiente de la Corte

Uno de los principales reclamos y pendientes del mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido la omisión de analizar las distintas impugnaciones en contra de la militarización del país.

Hasta la noche del domingo no se ha dado a conocer oficialmente el proyecto, que podría declarar la invalidez o no del acuerdo que dispone que las Fuerzas Armadas pueden llevar a cabo labores de seguridad pública.

El ministro presidente ha argumentado que él no guarda los proyectos en un cajón y que las y los ministros ponentes son los responsables de elaborar los proyectos. En su última conferencia de prensa como presidente de la Corte, Zaldívar anunció que el jueves anterior (10 de noviembre) la ministra Ríos Farjat había hecho llegar el proyecto a la secretaría y al lunes siguiente se fijó la fecha de discusión.

“El lunes, el Pleno de la Corte fijó fecha para el 28. Esto demuestra que el Presidente de la Corte no tenía el proyecto en el cajón. Si hay proyectos en lista y se lista de inmediato. Si no hay proyecto, el Presidente de la Corte no es mago para hacer así y sacar un proyecto de la manga del saco. Entonces, una vez que tenemos el proyecto, vamos a ver este asunto de inmediato el lunes 28. Entonces es el único proyecto relacionado con estos temas que tenemos y es el último que podremos ver”, anunció el presidente de la SCJN y el consejo de la Judicatura Federal.

La discusión iniciará a un mes que de que el ministro presidente concluya su mandato, en diciembre de este año, y en medio de una sucesión que ha creado expectativa por una Corte con cuatro ministros de 11 propuestos por el presidente López Obrador, entre ellos, la ministra Ríos Farjat.