Un ‘criterio malinchista’ ampara a Cárdenas Palomino y frena el combate a la corrupción: Gómez

Las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, colaborador cercano del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, serán liberadas por el gobierno mexicano luego de que obtuvo un amparo para quedar excluido de la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Pablo Gómez, titular de la UIF, criticó la mañana de este jueves que un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa amparó a Cárdenas Palomino con base en un criterio establecido por Eduardo Medina Mora cuando fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que fue avalado por la Segunda Sala.

“El acuerdo se dio por unanimidad, el acuerdo se dio por criterio completamente, quiero decirlo, antinacional e inconstitucional. Con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, exfuncionario público que se encuentra preso en una cárcel de los Estados Unidos [sic]”, dijo Pablo Gómez.

Palomino se encuentra preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

Pablo Gómez dijo en tono de indignación que por un mandato judicial, se estaba frenando el combate a la corrupción.

“¿Qué significa esto? Significa que la acción del Gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el Estado financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distintos tipos y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son liberados por el del problema de estar de la lista de personas bloqueadas y no poder realizar actividades en el estado financiero mexicano por el Poder Judicial mexicano que debería interesarse justamente en lo contrario, cualquiera lo podría suponer”, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Gómez señaló que el argumento para darle el amparo es que “como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, por lo tanto, carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica”.

Criticó que el argumento es con base a una jurisprudencia elaborada en su momento por el ministro Medina Mora y que no todos los jueces aplican a ciegas. “No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, servidores públicos”, remató.

Aseguró que no se está persiguiendo a nadie por sus ideas, ni por sus posiciones políticas y que simplemente se está cumpliendo con la Ley.

Pablo Gómez criticó que hay jueces que han llegado a prohibir que la información de inteligencia financiera pueda ser entregada al Ministerio Público porque para judicializar sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se requiere forzosamente la denuncia de la UIF, según el Código Penal federal.

“Por eso, al momento que se impide que el Gobierno pueda utilizar los datos obtenidos legalmente del sistema financiero, de personas sobre todo expuestas políticamente los están dejando en completa impunidad. Nunca podrán ser denunciados, ya no digamos inculpados por este delito. Yo creo que entre las tareas, si me lo permiten, que tiene el país es hacer un ajuste en estos criterios porque son instrumentos de impunidad que debemos impedir. Hay que convocar esta lucha con mucha fuerza”, dijo Gómez.