Militares y marinos toman el control de la seguridad en 15 estados: están en secretarías, guardias civiles y una fiscalía

La estrategia de seguridad pública de casi la mitad del país está en manos de las Fuerzas Armadas. En 15 estados de la República hay elementos del Ejército y la Marina a cargo de secretarías de seguridad, guardias civiles y una fiscalía.

Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la seguridad en estados gobernados por Morena. Este partido político administra 20 entidades y en el 65% de su territorio le ha confiado a personal militar y de la Marina la protección de la población.

Los estados donde hay un militar a cargo de secretarías de seguridad son Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Tlaxcala y Zacatecas. Mientras que las entidades donde hay un integrante de la Marina al frente de las labores de seguridad son Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo.

Todos estos estados son gobernados por Morena a excepción de Morelos, donde está Cuauhtémoc Blanco, quien ganó su cargo en representación del Partido Encuentro Social (PES), y San Luis Potosí, donde está Ricardo Gallardo, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La llegada de personal militar y marinos a secretarías de seguridad en este sexenio puede explicarse por varias causas, según expertos. Un factor es que los gobernadores quieren imitar el modelo adoptado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, además de elevar la confianza en las instituciones encargadas de mantener el orden.

Manuel Balcázar, especialista en Seguridad Nacional del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explica que en el país hay una “política de imitación” en el combate a la delincuencia. Recuerda que cuando se creó la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal en el 2000, los estados poco a poco hicieron lo mismo. La misma dinámica se ha repetido con comisiones estatales y ahora con guardias civiles que algunos gobernadores están creando.

“Dado que en el gobierno federal hay una importante proclividad por los militares, parecería una consecuencia lógica que vaya en aumento el nombrar militares y que los perfiles civiles estén cada vez menos involucrados en las tareas de seguridad pública”, detalla Balcázar.

El presidente López Obrador ha colocado a personal militar en puestos clave. Además de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), las Fuerzas Armadas tienen el control de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

“Con este fenómeno de imitación los gobernadores dan respuestas políticas. El señalar que se tiene a un general o a un almirante a cargo de un cuerpo de seguridad pública parecería que resuelve el problema (de violencia), pero hay estados en los que esto no ha ocurrido”, insiste el experto del ITAM.

Además de los militares que están en 15 secretarías de seguridad, hay otros elementos en puestos clave. La teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón es la actual titular de la Fiscalía General de Guerrero. El teniente coronel José Luis Urban Ocampo es el comandante de la Guardia Civil de San Luis Potosí.

Entre julio y noviembre de 2022, los gobernadores de Michoacán y Tamaulipas sustituyeron las policías estatales por guardias civiles. Estas dependencias, que emulan a la Guardia Nacional, estarán a cargo de los mismos militares que controlan las secretarías de seguridad estatales. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, anunció desde 2021 que su intención también es crear una de estas instituciones.

El alto número de personal del Ejército y la Marina en labores de seguridad en los estados “tiene que ver con la narrativa que se maneja desde Palacio Nacional en cuanto a la eficiencia, la incorruptibilidad y la lealtad del personal militar al proyecto de la Cuarta Transformación”, considera Daira Arana, experta en militarización y directora de la organización Global Thought.

La especialista señala que el presidente López Obrador ha presentado a los militares como “el factor estratégico para que las cosas salgan bien”, lo cual explica que en los estados se implemente el mismo modelo de seguridad.

Militares y marinos en tareas de seguridad: sensación de confianza y riesgo de abusos

Los integrantes del Ejército y la Marina que actualmente están al frente de instituciones estatales de seguridad han llegado a esos cargos desde hace seis años. El primero en hacerlo fue el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, quien fue designado comisionado estatal de Seguridad de Morelos el 1 de octubre de 2018. Luego le siguió el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, elegido como secretario de seguridad de Sinaloa el 5 de diciembre de 2018.

Durante el actual sexenio, el 2022 ha sido el año en el que más militares han sido nombrados para ocupar cargos de seguridad en los estados. En ese periodo fueron designados nueve integrantes del Ejército y la Marina que todavía siguen en funciones.

A pesar de que ahora es más frecuente ver a militares en puestos de seguridad de los estados, los especialistas consultados por La-Lista opinan que la llegada de un militar por sí mismo no militariza una institución de seguridad.

“¿Cuándo empezaríamos a ver esta militarización? Cuando los mandos inferiores también sean de extracción militar y empiecen a dirigir la secretaría como un Estado Mayor de zona o región militar”, menciona Balcázar, investigador del ITAM. “Pero si llega un mando militar que se acuerpa de detectives civiles, impulsa las políticas de prevención, fomenta la participación ciudadana, los diálogos con la sociedad civil y privilegia la inteligencia policial, yo creo que no habría militarización”.

Juan Carlos Piña, experto en seguridad del Tecnológico de Monterrey, agrega que para prevenir la militarización de una institución de seguridad pública que está a cargo de un integrante de las Fuerzas Armadas, se deben tener controles del ámbito civil.

“Para ejercer la función de seguridad pública se tiene que cumplir ciertos requisitos, entre estos los términos de control y confianza o el proceso de reclutamiento. Si no existiera una normatividad específica que se centre en un esquema de profesionalización o de régimen disciplinario civil creo que sí existiría un riesgo de que esto decante en un ejercicio indebido de la función”, dice Piña.

Los especialistas enumeran algunos pros y contras de tener a elementos del Ejército y la Marina al frente de la estrategia de seguridad. Lo primero positivo es que la comunicación entre las Fuerzas Armadas y los estados puede fluir mejor entre militares. También está el acceso a la información de inteligencia nacional y extranjera que difícilmente tienen las policías civiles.

Los elementos militares ya tienen protocolos de actuación establecidos y las Fuerzas Armadas tienen una mayor confianza de parte de la sociedad mexicana, añaden los expertos. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica detalla que hasta 2020 el 23% de la población tenía mucha confianza en el Ejército y la Marina, mientras el 40% tenía algo de confianza. Esto no ocurre con las policías, ya que la misma encuesta señala que solo el 27% de la sociedad tenía mucha o algo de confianza en estas instituciones.

Si bien los elementos militares pueden dar una sensación de seguridad a la población, los especialistas también alertan de los riesgos de tener a las Fuerzas Armadas en cargos públicos. Uno de los peligros sería que los integrantes del Ejército y la Marina piensen las tareas de seguridad únicamente como combate al crimen organizado, dejando de lado otros delitos que son más comunes, como el robo o la violencia de género.

Otro riesgo es que las policías a cargo de militares endurezcan su forma de actuar e incurran en violaciones a derechos humanos. Durante el 2022, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 577 quejas por abusos cometidos por la Guardia Nacional y 428 por vulneraciones del Ejército.

El futuro de la seguridad

Donde hay militares a cargo de la estrategia de seguridad pública se ha registrado una reducción marginal de la violencia y, en algunos casos, hasta un aumento. En Morelos, donde hay un integrante de la Marina en la Comisión Estatal de Seguridad, en 2019 ocurrieron mil 019 asesinatos y en 2022 fueron mil 174.

En Puebla, donde otro integrante de la Marina tiene las riendas de la Secretaría de Seguridad Pública, los homicidios dolosos pasaron de 870 en 2021 a mil 024 en 2022.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) exhiben que otros estados con militares en cargos en seguridad pública han reducido de forma marginal los homicidios dolosos. En San Luis Potosí hubo 740 casos en 2021 y 648 en 2022. En Michoacán se registraron 2 mil 732 asesinatos en 2021 y 2 mil 423 en 2022. En Guerrero fueron mil 377 homicidios dolosos en 2021 y mil 360 en 2022.

En Sinaloa, donde hay un militar a cargo de la Secretaría de Seguridad desde diciembre de 2018, es el lugar donde los asesinatos han tenido una mayor reducción, al pasar de 896 en 2019 a 478 en 2022. El teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo fue elegido para encabezar el combate a la delincuencia por Quirino Ordaz, exgobernador priista, y luego fue ratificado en su cargo en 2021 por Rubén Rocha, actual gobernador representante de Morena.

Aunque los especialistas consideran que la seguridad pública debe estar en manos de policías civiles, reconocen que cumplir este objetivo será complicado.

“Yo creo que los militares seguirán a cargo de la seguridad porque son las personas en México que más saben de seguridad nacional e interior. Por eso, la pérdida de la Policía Federal fue algo dramático, porque ya estaba en vías de tener esa institucionalización que tienen las Fuerzas Armadas y López Obrador la desapareció”, expresa Paloma Mendoza, experta en Fuerzas Armadas.

Para Mendoza Cortés, el primer paso para retirar a los militares de México es convocar a un gran debate nacional sobre el futuro de la seguridad pública, además de que haya voluntad política. Aunque podría tomar mucho tiempo para que esto suceda.

“Una transición de esta magnitud, como ya ocurrió después de la Revolución Mexicana, requiere de una decisión del Poder Ejecutivo aunado a un acuerdo político y un manejo de intereses institucionales de las Fuerzas Armadas. Para que esto suceda creo que pueden pasar muchas décadas”, dice Mendoza.