Funcionarios del penal de Puente Grande son cesados por posible abuso sexual

Dos funcionarios del penal de Puente Grande, en Jalisco, fueron removidos después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitiera recomendaciones por un posible caso de abuso sexual.

De acuerdo con el organismo autónomo, los hechos habrían ocurrido el pasado 10 de febrero dentro de la torre de seguridad del centro penitenciario, cuando supuestamente jefes y supervisores dieron acceso a un grupo de personas privadas de la libertad a una zona donde se encontraban las víctimas.

Según las indagatorias, las víctimas fueron tres custodias del mismo penal. Por estos hechos, ciudadanos realizaron una manifestación en las puertas de Puente Grande para exigir justicia.

En tanto, autoridades penitenciarias, así como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguraron que no existen indicios de agresiones sexuales al interior del penal, por lo que tachó de “mentira” los hechos constatados por la comisión de derechos humanos.

“Tal como les dije hace unos días, los presuntos casos de abuso sexual en Puente Grande son mentira y no es algo que diga yo, está firmado en un acta circunstanciada desde la semana pasada, en la que 19 custodias rechazan y ratifican que esas acusaciones son falsas”, escribió el mandatario estatal en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Alfaro Ramírez compartió un documento sobre la investigación realizada el 13 de febrero por la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual se detalla que las 19 custodias refirieron que “es totalmente mentira” que hubiera algún tipo de abuso sexual.

En el mismo documento se menciona que otras custodias dijeron “no tener conocimiento de nada” y que “pasaron su guardia de manera normal”.

Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) pidió a las autoridades que se lleven a cabo investigaciones serias, efectivas e independientes, desde una perspectiva de género, para resolver el caso.

Además, solicitó que se brinde atención médica, psicológica y jurídica a las mujeres afectadas, y que su integridad física y psicoemocional sea garantizada.