Las investigaciones no solo se centran en Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño.
Los testimonios que surgieron en el juicio contra Genaro García Luna ─declarado culpable de narcotráfico─ dieron pie para que las autoridades en México y Estados Unidos comenzaran investigaciones formales contra personas de su círculo cercano, de acuerdo con el diario Milenio.
El medio de difusión nacional publicó este jueves que Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, jefes policiacos durante las gestiones de García Luna en la Secretaría de Seguridad (SSP) y en la Agencia Federal de Investigación (AFI), están en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las autoridades estadounidenses.
“Están en la mira por probablemente brindar protección al Cártel de Sinaloa”, indicó Milenio. Cabe mencionar que García Luna enfrentó un juicio por haber recibido sobornos del crimen organizado.
La acusación contra el exsecretario de Seguridad se realizó después del juicio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con Milenio, las pesquisas no se centran solo en Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. También está en la mira Armando Espinoza de Benito, quien se desempeñó como jefe de División de Investigación de la Policía Federal y que, según declaraciones de testigos, era “intocable” por su presunto vínculo con Ismael ‘El Mayo’ Zambada y ‘El Chapo’ Guzmán.
Eusebio Édgar Millán, Igor Labastida (excomandantes de la Policía Federal) y el director de Despliegue Regional, Francisco Javier Gómez también estarían en las investigaciones de las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Sin embargo, tanto Millán como Labastida fueron asesinados en 2008, cuando aún estaban en funciones.
La FGR no se ha pronunciado públicamente, pero luego de que García Luna recibió su veredicto de culpabilidad en los cinco cargos que se le imputaron, el senador republicano Chuck Grassley pidió a la Administración de Control de Droga (DEA) y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) la información sobre el caso.
Los archivos solicitados son grabaciones, reportes, notas y otros documentos de la actividad criminal del secretario de Seguridad, los cuales fueron obtenidos por la Fiscalía de Nueva York para llevar a juicio a García Luna.
A través de un escrito, el senador solicitó identificar qué personas informaron que tenían dicha información, así como las fechas en las que lo reportaron; incluso pidió el test de control de confianza de García Luna y el nombre de quiénes se lo realizaron.
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