Los militares están acusados de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
Fotografía de archivo de padres y madres de estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa que se manifiestan en Ciudad de México. EFE/José Pazos
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, publicó la carta donde Presidencia advirtió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, de los riesgos del cambio de medidas cautelares para 8 de 13 militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa.
La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó el 20 de enero libertad condicional a los integrantes del Ejército luego de que en noviembre de 2022 un tribunal colegiado ordenó modificar la medida de prisión preventiva.
La autoridad judicial descartó riesgo de fuga de los militares que estaban detenidos en el Campo Militar número 1 por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, a quienes les pidió una garantía de 50 mil pesos, así como acudir a firmar de forma periódica y entregar sus pasaportes.
Tras el fallo, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará para “garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”, detalló la dependencia en un comunicado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó en su conferencia del 23 de enero la medida de la jueza y calificó como “lamentable que el Poder Judicial no se ocupe de garantizar la justicia” luego de la liberación de los militares en el caso Ayotzinapa.
Horas más tarde, la secretaria de Gobernación difundió la carta que, a petición del titular del Ejecutivo, enviaron a la presidenta de la SCJN para que considerara el fallo a favor de los militares.
“Al modificar la medida de prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o que huyan del país. Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan”, mencionó el Gobierno federal en la carta dirigida a la SCJN.
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