Acusan al gobierno de Samuel García por presionar a empleados ante elección judicial
Las denuncias describen un esquema dirigido desde el Ejecutivo estatal para captar votos en favor de candidatos.
Fotografía de archivo del gobernador Samuel García en conferencia de prensa.
/Foto: especial.
Al menos diez empleados del Gobierno de Nuevo León presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) estatal por presuntas presiones ejercidas desde la administración del gobernador Samuel García, con la intención de influir en la elección judicial federal del próximo 1 de junio.
De acuerdo con información publicada por el diario El Norte, las denuncias describen un esquema dirigido desde el Ejecutivo estatal para captar votos en favor de candidatos alineados con el proyecto político del mandatario.
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El titular de la FEDE, Gustavo Javier Solís, señaló que las denuncias —en su mayoría anónimas— coinciden en señalar que superiores exigieron a empleados entregar sus credenciales del INE y reunir otras entre familiares o conocidos, bajo amenaza de despido.
Además, los testimonios indican que los trabajadores debieron asistir a simulacros que reproducen el proceso de votación. Durante estas prácticas, les solicitaron fotografías de las boletas, de sus credenciales y de un código QR personalizado que permitiría verificar su participación el día de la elección.
En una publicación previa, El Norte informó que empleados de distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Educación y el Instituto de Control Vehicular, también recibieron la instrucción de reunir un número mínimo de votos. Los funcionarios denunciaron hasta seis simulacros en los que les entregaron indicaciones precisas sobre cómo votar, acompañadas de “acordeones” con el nombre, número o color que debían marcar.
“Lo que nos han dicho es que nos van a dar el acordeón (para votar): la persona, el color o el número”, declaró un servidor público que pidió el anonimato. Esta referencia alude a que, en esta elección judicial, las boletas no presentan únicamente nombres, como ocurre en comicios tradicionales.
La elección mencionada corresponde exclusivamente al ámbito federal del Poder Judicial, ya que el proceso local se llevará a cabo hasta 2027. Debido a su naturaleza, la FEDE evalúa si continúa con la investigación o turna el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), instancia federal de la FGR.
Las autoridades no han revelado los nombres de los funcionarios señalados. Las investigaciones siguen en curso, mientras crece la inquietud ante el posible uso de recursos públicos y presiones laborales con fines político-electorales.