Cisen extrajo sin permiso casi mil expedientes relacionados con asesinatos de periodistas y políticos
El Archivo General de la Nación adelantó que buscará al Centro Nacional de Inteligencia para solicitar información que permita localizar los documentos faltantes.
Al menos 992 expedientes, así como más de 300 fojas y un número indefinido de fichas catalográficas de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) fueron presuntamente extraídos sin permiso por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
De acuerdo con el diario El País, esos documentos están relacionados con los asesinatos de periodistas y políticos de México ocurridos durante las últimas tres décadas del siglo XX.
El medio con sede en Madrid recordó que a través de diversas resoluciones el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) confirmó que la institución de inteligencia eliminaba o fragmentaba información sobre casos sensibles.
Mientras que la extracción de estos documentos se detectó luego de que en septiembre de 2023 el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) calificó como “desaparecidos” varios documentos que formaban parte del Archivo General de la Nación (AGN), por lo que la parte quejosa recurrió al Inai.
En el texto titulado “El Cisen sacó sin permiso casi 1.000 documentos del Archivo General de la Nación relacionados con asesinatos de periodistas y políticos”, el periodista Rafael Cabrera refiere que el MEH compartió un listado que contenía 38 expedientes que “nunca fueron transferidos al AGN”.
Además de las investigaciones relacionadas con los periodistas Linda Bejarano, Elvira Marcelo Esquivel, Alberto Rodríguez Torres, Ronay González Reyes y Odilón López Urías, otros archivos contienen información sobre los homicidios de John Patterson, vicecónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora; Francisco Xavier Ovando Hernández, dirigente del Frente Democrático Nacional en Michoacán; el candidato presidencial del PIR, Luis Donaldo Colosio; y José Francisco Ruiz Massieu, exgobernador de Guerrero y dirigente nacional del PRI.
¿Sabes qué estipula el decreto presidencial emitido el 28 de febrero de 2019, respecto al Centro Nacional de Inteligencia #CNI?
— Mecanismo Esclarecimiento Histórico (@MEHistoricomx) May 22, 2024
Sin acceso a archivos, no hay verdad.#CNIabretusArchivos #SinArchivosNoHayVerdad pic.twitter.com/aTCYgSNMt0
En respuesta de las solicitudes de información, el Centro Nacional de Inteligencia (CIN), el cual sustituyó al Cisen en diciembre de 2018, respondió que la información referente a estos casos “no había sido localizada”, por lo que el Inai lo instruyó a realizar una nueva búsqueda.
Entre los argumentos expuso que entre el 12 de febrero de 2002 e inicios de 2019, el fondo de la DFS estuvo resguardado por personal del entonces Cisen, mismo que se encargó de proporcionar el servicio de consulta; además, señaló que existen dos catálogos en los que aparecen dichos expedientes.
Sin embargo, uno de los documentos clave que respaldó la teoría, según detalló El País, es el de la presunta ejecución extrajudicial del periodista Odilón López Urías, cuyo expediente con número 025-047-001 le faltaban fojas, mientras que las existentes solo contenían información hasta 1985.
Además, el medio refiere que los documentos entregados tienen fecha de octubre de 1986, lo que comprueba las denuncias que hicieron algunos historiadores de que el personal del Cisen había “rasurado” expedientes del fondo de la Dirección Federal de Seguridad.
César Valdez, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo a El País que esto “podría ayudar a discernir, investigar o desenrollar culpabilidades, ya que en muchos documentos en donde la DFS investiga violaciones a derechos humanos, asesinatos o desapariciones suelen aparecer como posibles culpables las policías estatales, gobernadores, presidentes municipales, diputados o senadores.
“No dejo de pensar que muy probablemente algunas de estas versiones que quedan en los documentos lo que terminan buscando es limpiar el rostro de la DFS”, explicó al diario español.
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Consultado por El País el AGN reveló que en total se tienen como “no localizados” un total de 922 expedientes, siete legajos, 309 fojas, cinco mutilaciones y seis fotografías, y adelantó que se comunicará con el CNI para solicitar información que permita localizar los documentos.
En tanto, el AGN presumirá que esa documentación fue sustraída ilícitamente, por lo que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).