Claudia Sheinbaum presenta la nueva Ley General contra el Feminicidio: propone penas de hasta 70 años de prisión

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso decisivo en la lucha contra la violencia de género al firmar la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio. Esta propuesta, que será enviada próximamente al Congreso de la Unión, busca erradicar las disparidades legales que han persistido durante años en el país, garantizando que el delito se investigue bajo los mismos estándares en las 32 entidades federativas.

Este esfuerzo legislativo emana de la reforma constitucional aprobada el pasado mes de mayo, la cual otorga al Congreso la facultad de expedir una ley única. El objetivo es terminar con la fragmentación judicial donde, en ocasiones, muertes violentas de mujeres eran reclasificadas erróneamente como homicidios dolosos comunes.

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¿Qué cambios fundamentales propone esta nueva Ley contra el Feminicidio?

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo federal, busca establecer un marco sancionador severo y uniforme. La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, detalló que la propuesta contempla penas de prisión que oscilan entre los 50 y 70 años.

“Había delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente se consideraban feminicidios”, señaló Alcalde al explicar la urgencia de corregir las discrepancias en los criterios de las fiscalías estatales.

Entre los puntos más destacados de la iniciativa se encuentran:

• Agravantes específicos: Mayores sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
• Imprescriptibilidad: El delito no prescribirá, garantizando el acceso a la justicia sin importar el tiempo transcurrido.
• Reparación del daño: Se formaliza el derecho a la restitución integral para las familias de las víctimas.

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¿Cómo mejorará la investigación de los feminicidios?

La propuesta incluye directrices técnicas impulsadas por la Fiscalía General de la República (FGR). Maribel Borges, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, subrayó que las autoridades deberán aplicar protocolos de “debida diligencia reforzada” y perspectiva de género en todas las etapas del proceso penal.

La ley obligará a todas las fiscalías estatales a contar con unidades especializadas con personal ministerial, policial y pericial altamente capacitado.

Realizar análisis de contexto para identificar patrones de violencia y garantizar la correcta preservación de indicios desde el inicio de la investigación.

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¿Qué protección se brindará a las víctimas indirectas?

Uno de los aspectos más humanos y necesarios de la iniciativa es la atención a quienes quedan atrás. Ingrid Gómez, subsecretaria de Derechos para una Vida Libre de Violencia, anunció la creación de un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

“La propuesta reconoce derechos como acceso a la verdad y justicia, atención médica y psicológica, asesoría jurídica gratuita, reparación integral del daño y restitución digna de los cuerpos de las víctimas”, puntualizó Gómez.

Con la creación de este registro y el establecimiento de protocolos de atención integral, el Estado mexicano busca sancionar a los perpetradores y garantizar la protección de los derechos humanos y el acompañamiento constante para las víctimas indirectas, marcando un cambio de paradigma en la respuesta institucional ante la violencia feminicida.