Sheinbaum envía al Congreso nueva Ley contra el Feminicidio: propone penas de hasta 70 años y criterios únicos en todo México

El Gobierno de México ha dado un paso histórico en la lucha contra la violencia de género con la presentación de una Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño en casos de Feminicidio. Este proyecto, enviado al Congreso de la Unión, busca unificar los criterios de investigación en todo el país y garantizar que ninguna muerte violenta de una mujer quede sin la debida perspectiva de justicia.

La propuesta surge como una respuesta a la disparidad de leyes estatales, buscando que todas las autoridades actúen bajo un mismo protocolo desde el primer reporte.

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¿Por qué se busca homologar el delito de feminicidio en todo el país?

Uno de los pilares de la reforma es facultar al Congreso para expedir una ley general que elimine las diferencias en la tipificación del delito entre estados. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, detalló que la intención es fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

“Hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia”, afirmó Godoy.

La iniciativa contempla nueve razones de género para tipificar el delito, tales como signos de violencia sexual, antecedentes de maltrato, relaciones de poder, incomunicación de la víctima o la exposición del cuerpo en la vía pública.

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¿Cuáles son las penas y agravantes que propone la nueva ley?

El marco jurídico establece castigos severos, con penas que oscilan entre los 40 y 70 años de prisión. Además, se incluyen sanciones para la tentativa de feminicidio y se reconocen al menos 21 agravantes, aumentando la gravedad si la víctima es:

• Menor de edad o adulta mayor.
• Persona con discapacidad.
• Migrante.
• Perteneciente a pueblos originarios.

Asimismo, la ley plantea que el delito sea imprescriptible y que el responsable pierda derechos de patria potestad y sucesorios. Para evitar que las investigaciones se detengan, se implementará el “turno continuado”, asegurando que los cambios de personal ministerial no interrumpan las indagatorias.

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¿Cómo cambiará la investigación de muertes violentas de mujeres?

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el cambio más disruptivo es la obligatoriedad de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio, evitando clasificaciones erróneas que favorecen la impunidad.

“Eso va a obligar a que ningún ministerio público, como ha pasado muchas veces, diga ‘se suicidó’ o ‘fue otra causa’. De inicio, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio”, subrayó la mandataria.

Por su parte, Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, destacó que la iniciativa no solo se enfoca en el castigo, sino en la reparación integral. Esto incluye la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, garantizando su acceso a salud, educación y asesoría jurídica gratuita.