Diputados aprueban dar hasta 25 años de prisión a extorsionadores; ¿qué otras sanciones aplicaría la Ley General contra la Extorsión?

La Cámara de Diputados dio un paso crucial contra uno de los delitos que más lacera a la sociedad mexicana. Hoy, martes 28 de octubre de 2025, fue aprobado en lo general y particular el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Tras una maratónica sesión de más de 10 horas y media, el documento fue avalado con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, y ahora pasa al Senado de la República para su revisión.

Esta nueva legislación, impulsada a partir de una iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca establecer un marco jurídico unificado a nivel nacional. Su objetivo principal es combatir la extorsión de forma más efectiva, creando tipos penales, agravantes y sanciones aplicables en todo el país. Una de las claves es que el delito se investigará de oficio, garantizando la protección integral de las víctimas y sus familias, incluyendo su identidad, seguridad y la reparación del daño.

Te recomendamos: Serie Mundial 2025: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el juego 5 entre Blue Jays vs Dodgers? Horario y fechas ¿quiénes son los pitchers abridores?

¿Qué novedades trae la Ley en Cuanto a Agravantes y Modalidades de Extorsión?

La ley es contundente al especificar las diversas formas en que se puede cometer este ilícito, estableciendo 34 agravantes divididas en tres categorías que impactan la severidad de la pena. Ya no se trata solo de la amenaza directa, entre las modalidades y agravantes destacados se encuentran:

• Cobro de piso e imposición de precios a productos o servicios, afectando directamente la economía.
• Uso de violencia, afectaciones a migrantes o menores de edad.
• El delito conocido como “montachoques” y el “secuestro virtual”.
• Extorsión cometida contra candidatos a cargos de elección popular.
• Simulación de ser servidor público para llevar a cabo el delito.

Estas clasificaciones permiten que la ley castigue con mayor dureza los actos que involucren un daño mayor o vulneren a grupos específicos. Por ejemplo, se plantea incrementar las penas hasta en un 50% cuando el delito se cometa contra grupos poblacionales vulnerables (adultos mayores, mujeres embarazadas, menores de edad, etc.).

Esto te interesa: ¿Qué pasó en la México-Querétaro hoy? Reporte vial EN VIVO del tráfico por cierre de la caseta de Tepoztlán por manifestantes

¿Cómo aumentan las penas de prisión con la nueva Ley contra la Extorsión?

La propuesta presidencial unifica el tipo penal para la extorsión en todo el país, estableciendo una pena base de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA. Sin embargo, el gran cambio viene con los agravantes:

• La pena básica podría aumentar hasta en una tercera parte.
• Las penalidades aumentarán hasta 25 años de cárcel cuando el delito lo cometa un servidor público, se involucren personas armadas, se utilicen a menores de edad o se afecte la economía de un estado.
• Se establecen penas de 3 a 8 años para actos relacionados, como la introducción de celulares a las cárceles sin autorización, y de 8 a 20 años para la autoridad penitenciaria que lo facilite.

Es importante notar que hubo modificaciones, como la disminución de la pena de 10-20 años a 5-12 años para servidores públicos con atribuciones de prevención o vigilancia que se abstengan de denunciar el delito. Además, una reserva aprobada hará improcedente la extinción de dominio de bienes que hayan causado abandono a favor del gobierno para usarlos en la reparación del daño a las víctimas.

También lee: Cruz Azul recibe la visita de Javier Aguirre y Rafa Márquez en sus instalaciones ¿a qué fue a La Noria el entrenador de la Selección Mexicana? VIDEO

¿Se simplificará la denuncia de extorsión para proteger a las Víctimas?

Sí, uno de los avances más significativos de esta Ley contra la Extorsión es el enfoque centrado en la víctima. Al ser un delito que se persigue de oficio, la legislación contempla que la denuncia se podrá realizar vía telefónica o a distancia.

Esta medida busca primordialmente proteger a las víctimas, eliminando la necesidad de su presencia inmediata en instalaciones gubernamentales y minimizando el riesgo de represalias. De esta forma, se espera incentivar la denuncia, al tiempo que se garantiza la seguridad, identidad y reparación del daño a quienes sufren este flagelo. La ley busca establecer mecanismos claros de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para asegurar su correcta implementación, desde la prevención hasta la sanción final.