Nueva Ley contra la Extorsión de Sheinbaum busca castigar el delito hasta con 15 años de prisión; ¿cómo se aplicaría?

En un movimiento clave para el fortalecimiento de la seguridad y el Estado de derecho en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de una iniciativa de Ley General contra la Extorsión. Esta propuesta busca establecer un marco legal uniforme a nivel nacional, elevar las penas e incluir agravantes específicos como el temido cobro de piso y la comisión del delito desde el interior de los centros penitenciarios.

La medida representa un esfuerzo coordinado para frenar un delito que afecta severamente a la economía y la tranquilidad de la ciudadanía. Durante la conferencia matutina presidencial, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, detalló el contenido de la propuesta, la cual busca “establecer un marco jurídico uniforme y fortalecer la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para enfrentar este delito”.

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¿Cuál es el cambio más significativo que introduce esta Ley General contra la Extorsión?

El pilar de esta iniciativa es la persecución de oficio del delito. La propuesta contempla que la extorsión se persiga sin necesidad de denuncia previa, lo cual es un cambio radical respecto a la legislación actual en muchas entidades. Además, se busca la unificación de la tipificación penal en todo el país, eliminando las variaciones que existen entre códigos estatales y el federal.

“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades y que no se dependa de la denuncia para su investigación”, afirmó la consejera Godoy.

Este cambio surge tras una importante reforma constitucional. La funcionaria recordó que el pasado 9 de octubre se publicó la modificación al artículo 73 de la Constitución, otorgando al Congreso la facultad de emitir una ley general para prevenir, investigar y sancionar la extorsión. Godoy explicó que esta nueva ley fue “construida en una mesa técnica por varias dependencias del gobierno de México” y abarcará desde el tipo penal básico hasta “reglas especiales para el combate de la extorsión en centros penitenciarios”.

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¿De cuánto serán las penas de prisión y qué casos se considerarán agravantes?

El proyecto de ley prevé penas considerablemente severas para los extorsionadores, reflejando la gravedad del delito. Las sanciones propuestas oscilan entre seis y 15 años de prisión, complementadas con multas que van de 11 mil 314 a 56 mil 570 pesos.

La legislación endurecerá el castigo mediante una serie de agravantes específicas, focalizadas en las modalidades más dañinas de la extorsión. Ernestina Godoy especificó: “Las penas están planteadas de seis a 15 años de prisión y se determinará a partir de una serie de agravantes, como, por ejemplo, el cobro de piso o cuando las víctimas son personas migrantes, menores de edad, cuando son servidoras públicas, quienes lo realizan o que lo realicen desde un centro penitenciario”.

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¿Qué otras estrategias incluye la iniciativa para combatir este delito?

La propuesta legislativa va más allá de las penas y busca institucionalizar una estrategia integral. La iniciativa eleva a rango de ley la estrategia nacional para prevenir y combatir la extorsión, la cual actualmente opera mediante el número de denuncia anónima 089.

Además, se impulsan reformas a diversos ordenamientos legales para asegurar su armonización con la nueva Ley General. La consejera jurídica puntualizó que esto incluye el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y, de manera importante, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esto último permitirá “prever que el delito de extorsión sea un delito que sea susceptible de la extinción de dominio”, lo que significa que los bienes adquiridos ilícitamente por extorsión podrán ser incautados por el Estado.