‘Si esto no es homofobia, ¿qué es?’: maestro denuncia hostigamiento en Conalep de León
En los últimos tres años, Juan Miguel ha sido hostigado por la dirección del plantel y ahora buscan despedirlo injustificadamente.
Juan Miguel Aranda Patlán ha construido su vida alrededor del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel 1 en León, Guanajuato. Primero como alumno y luego, desde 2007, como docente. Por eso, más que “extrañarle”, le genera impotencia el hostigamiento y discriminación que durante tres años ha sufrido por parte del director de la escuela, Rafael ML.
En 14 años de labor docente en el Conalep –donde imparte las materias de producción de calzado, humanidades y psicología– Juan Miguel no había tenido problemas con sus compañeros ni reportes por parte de los alumnos. Al contrario, en cinco ocasiones fue condecorado como uno de los mejores maestros del sistema educativo estatal. Sus preferencias sexuales no habían sido impedimento para destacar en la enseñanza.
Pero en 2021, en plena pandemia de Covid-19, la vida de Juan Miguel dio un giro drástico con la llegada del nuevo director, a quien todos los maestros conocieron a través de una reunión virtual. De un momento a otro, el docente pasó de amar su trabajo a sufrir depresión, ansiedad y complicaciones médicas a causa del hostigamiento ejercido por la nueva administración educativa.
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“A finales de 2023 yo iba a renunciar. Ya estaba cansado, me costaba mucho trabajo caminar, tuve vértigo, depresión, ansiedad, úlceras gástricas, anemia grado 3. Mi salud estaba sumamente deteriorada. Le informé a mi abogada que ya había hecho mi carta de renuncia porque era demasiado el hostigamiento, pero ella me recomendó no hacerlo, pues me liquidarían con muy poco”, dice a La-Lista el maestro de 35 años de edad.
El hostigamiento hacia Miguel, como en cualquier tipo de violencia, fue escalando. Empezó con la reducción de su carga laboral y, por tanto, de sus ingresos. Su base federal es de 20 horas a la semana (cada una se paga en 108 pesos), pero durante siete años se ganó la asignación de 35 a 40 horas frente a un grupo. Bajo la nueva dirección le quitaron esa carga y además perjudicaron la distribución de sus horarios, impidiéndole tener descansos para comer e ir a su segundo trabajo como terapeuta.
“Es muy claro que me querían cansar o aburrir con lo de las horas, pero yo lo justificaba diciendo que a lo mejor era porque había menos grupos y que quien debía adaptarse era yo, por eso traté de aguantar”, cuenta en entrevista.
Después, Miguel empezó a ser “vigilado” constantemente en su aula. Si iba al baño recibía una llamada a su celular para preguntarle dónde estaba, por qué había dejado solo a su grupo y si sí estaba dando clases. Su hora de entrada era a las 7:10, pero a las 7:11 ya le estaba marcando el personal administrativo para preguntarle si se presentaría a trabajar. Cuando en los pasillos se encontraba al director este ni siquiera le respondía el saludo. Así transcurrieron los últimos tres años.
El acoso superó cualquier límite en junio de 2024, cuando el doctor que atiende a Miguel en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) le marcó a su número personal para solicitarle unos documentos de su expediente, estudios de laboratorio y el parte médico de la clínica privada en la que se atendía. Le pareció extraño, pero accedió.
Cuando acudió al hospital para entregar lo requerido, Miguel fue llevado a la dirección del hospital público, donde se le informó que el Conalep les había requerido una auditoría para que justificaran “debidamente” sus licencias médicas de noviembre de 2023 a enero de 2024.
En ese periodo, Miguel hizo uso de sus licencias médicas, porque efectivamente estaba enfermo y necesitaba tratamiento.
“Ahí me dicen que mi director es el que me mandó a investigar sobre mis incapacidades. Me pareció raro, ¿por qué Conalep tiene que auditar o solicitar información de mis incapacidades? Pensé que a lo mejor el director creía que eran falsas o que no las había autorizado un médico. Pero en el ISSSTE es un rollo que puedan darte una incapacidad, no es tan fácil. Todo estaba justificado”, enfatiza.
Además de los procesos que realiza el ISSSTE para autorizar incapacidades, el deterioro en la salud de Miguel era evidente. Llegó a pesar 49 kilos y caminaba con lentitud. El mismo director, Rafael ML, lo citó en su oficina para preguntarle si estaba enfermo y si necesitaba tomarse unos días sin goce de sueldo.
“Me hostigaban incluso cuando me veían cómo estaba de enfermo. El mismo director observó mi estado, ¿y en junio solicita que justifique mis licencias? No se me hizo lógico. Pero como ahí no encontró nada, buscó otros medios para correrme: levantó un acta administrativa en la que me señala de ser una persona sumamente agresiva con los alumnos, que los insulto y les hablo con groserías. Es falso”, expresa.
El 3 de julio de 2024, la dirección del Conalep plantel 1 de León citó al profesor Miguel y le entregó una notificación por el acta administrativa levantada en su contra. Es decir, la escuela pretendía despedirlo “de manera justificada” y le daba hasta el 9 de julio para responder a las supuestas quejas de los alumnos. La acusación inicial constaba de solo tres páginas, y para la fecha pactada ya eran más de 30.
Juan Miguel tiene pruebas de ser un profesor dedicado y respetuoso con sus alumnos, tanto que, en solidaridad, algunos le informaron sobre las acciones que estaba tomando el director en su contra, como entrar al grupo y pedirles que firmaran el acta administrativa presuntamente fabricada; la mayoría se negó. Otros accedieron a testificar a su favor, pero bajo anonimato.
El despido de Miguel todavía no es un hecho. Su abogada, Emma Macías, respondió a la institución educativa señalando todas las deficiencias de la acusación y el contexto de hostigamiento, homofobia y discriminación en contra del maestro, por lo que el Conalep tuvo que pausar la rescisión del contrato en tanto se lleva a cabo un procedimiento administrativo.
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Mientras, Miguel se pregunta: ¿cómo es que una persona con varios reconocimientos por su labor docente ahora resulta ser un agresor de alumnos?, ¿cómo dicen que nunca entregó el material para los talleres de producción de calzado, si él mismo ponía de su dinero? y, ¿por qué el “trabajar por amor al arte” le ha traído todo este hostigamiento?
“Hay un odio irracional por mis preferencias sexuales (...) No son ideas mías. Me da mucha impotencia que por mis preferencias él intente sacarme del sistema educativo al que he pertenecido por 17 años, más los tres años de estudios en la misma escuela. Ahí está toda mi vida, no es tan fácil desprenderse, todo se ha vuelto un caos para mí”, lamenta.
Discriminación, el modus operandi
Si bien Juan Miguel es el primer trabajador del Conalep de León en sufrir este hostigamiento e intento de despido por sus preferencias sexuales, otros docentes también habrían sido presuntamente discriminados por la nueva dirección, solo por ser de la tercera edad.
Miguel sabe de por lo menos cuatro maestros que superan los 60 años a los que la dirección del plantel –bajo la administración de Rafael ML– les abrió actas administrativas acusándolos de ser violentos con sus alumnos. A uno de los docentes le ofrecieron una liquidación de seis mil pesos por 42 años de trabajo; demandó y ganó una indemnización de 2.5 millones de pesos.
Los otros casos siguen en juicio y solo con uno “funcionó” la estrategia: porque ya estaba cansado y prefirió renunciar, pero el hostigamiento le causó un grave derrame en el ojo.
“A pesar de mi estado de salud yo no me iba a dejar tan fácilmente. Decidí no callarme, y tampoco pienso perder la vida ni un trabajo que tanto me ha costado solo por una persona homófoba, que discrimina y que está acostumbrada a ese modo de operar”, sentencia Juan Miguel.
Baccelli Lira, también abogado de Miguel, explica que el aparente modus operandi del director Rafael ML deriva en varios delitos e inconsistencias jurídicas. Solo en este caso se ha detectado discriminación por preferencias sexuales y condición médica; usar a una menor de edad para fabricar una declaración; falsedad, pues en el expediente hay una persona que se ostenta como tutora de dicha menor sin documentación probatoria; y uso de recursos públicos y humanos para hostigar al maestro.
Además, señala que no hay un fundamento legal para que el Conalep haya requerido a una institución pública federal, como lo es el ISSSTE, el parte médico de un paciente y expedientes relacionados con el doctor que lo atendió. Por otro lado, el procedimiento administrativo contra Miguel se inició sin su presencia ni la del sindicato, lo que representa una violación a sus derechos laborales.
“Dentro de este procedimiento laboral, la dirección de Rafael ML ha incurrido en muchos actos ilícitos, es decir, ha violentado no nada más los derechos del profesor, sino también los de una menor de edad. Hay un sinnúmero de irregularidades, y todas serán denunciadas”, acusa Lira.
La abogada Emma Macías agrega que, si fuera cierto que Miguel lleva años violentando a sus alumnos –entre ellos menores de edad–, las autoridades del Conalep estarían incurriendo en un delito por no salvaguardar ni garantizar el derecho de los menores y haber encubierto estos actos.
“En este caso es claro que el director está volcando toda su ideología homofóbica en contra de una sola persona, haciendo uso de todos los recursos estatales para violentar a un docente, y ese es el primer punto que vamos a atacar”, dice Baccelli Lira.
La defensa legal de Miguel ya presentó las quejas correspondientes en la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante las cuales se anexaron los expedientes clínicos de Miguel y pruebas del hostigamiento que ha sufrido durante tres años.
“Se llama homofobia”
Luego de que el caso de Juan Miguel se hiciera público en medios de comunicación de Guanajuato, el Conalep emitió un posicionamiento en el que asegura que la dirección del plantel ha sido “respetuosa de la privacidad del profesor y de sus derechos laborales”.
Asimismo, afirma que no ha solicitado el expediente médico Juan Miguel, pero al mismo tiempo confirma que requirió información al ISSSTE para verificar la “autenticidad de las licencias”, pues dice haber detectado “inconsistencias” en las mismas.
“No existe nada inadecuado con la justificación de mi licencias. También tengo la prueba de que Conalep solicitó que se justifiquen mis licencias, y claramente menciona que revisen mi expediente (...) Todo esto claramente es un odio y saña contra mi persona por ser diferente. Se le llama homofobia y discriminación”, respondió Miguel en un escrito enviado a La-Lista.
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En este sentido, hace responsable a Rafael ML si esta situación de desprestigio y violaciones a los derechos humanos deriva en más afectaciones a su salud.
“Me da miedo de repente, pero también digo ¿por qué me va a dar miedo, si yo no me he metido con nadie y no he hecho nada malo? No me puedo callar porque entonces cuántas personas más tenemos que aceptar ataques de este tipo, que nos corran del trabajo y nos afecten la salud solo por nuestras preferencias. Por mí que revisen abajo de las piedras, no van a encontrarme nada”, enfatiza Juan Miguel.