‘Los narcos me buscan’: abundan las amenazas de muerte a líderes indígenas de Perú

“Los estamos buscando, vivos o muertos”, es una de las amenazas que recibe a diario Herlín Odicio en su teléfono móvil.

El líder de los indios cacataibo en el Amazonas central de Perú se tienen que esconder por enfrentarse a los traficantes que tratan de robar sus tierras. “Ya reportamos plantaciones de coca en nuestra tierra muchas veces y nadie ha hecho nada”, dice Odicio.

Dijo que las amenazas en su contra aumentaron cuando rechazó una oferta de 135 mil dólares por cada vuelo de drogas que partiera del aeropuerto secreto que se encuentra en su territorio. “Vienen por mi”, dijo desde el lugar en que se oculta.  “No puedo caminar libremente en mi comunidad. Los narcos me buscan”.

Las comunidades indígenas del Amazonas central de Perú están padeciendo un aumento en la violencia, amenazas y acoso por parte de los grupos de narcotraficantes que tienen en la mira sus tierras para cultivar coca, la planta que se utiliza para hacer cocaína. Las restricciones del Covid-19 han hecho que la región sea todavía más vulnerable al demorar los esfuerzos del estado para proteger la tierra y erradicar el cultivo de coca ilegal.

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El boom del cultivo de coca, considerando que Perú es el segundo mayor productor de cocaína después de Colombia, según la ONU, ha costado muchas vidas indígenas. En febrero, dos líderes de Cacataibo, Yénser Ríos de 30 años y Erasmo García de 28 fueron asesinados con 12 días de diferencia en la provincia de Padre Abad en Ucayali, una zona de plantíos de coca y aeropuertos clandestinos que se utilizan para transportar cocaína a Bolivia.

El encargado de las investigaciones criminales de la policía en Perú, el general Vicente Tiburcio, dijo que la policía estaba investigando si las muertes eran venganza de los cultivadores de coca. Tiburcio dijo que Ríos era el encargado de patrullar el territorio de su comunidad y participaba activamente para erradicar la coca.

En abril de 2020, Arbildo Meléndez, líder de los mismos grupos indígenas de Cacataibo fue asesinado cerca del pueblo de Unipacuyacu. Había reportado la presencia de grupos de narcotraficantes y aeropuertos clandestinos a las autoridades, y pidió a la comisión interamericana de derechos humanos que el estado peruano lo protegiera.

Estos hombres son tres de los siete que han muerto durante la pandemia mientras los invasores de tierras se aprovechan de la crisis para sembrar coca y para sacar provecho de cultivos como los de aceite de palma.

La víctima más reciente es Estela Casanto de 55 años, una mujer indígena asháninka. La encontraron muerta el 12 de marzo. “Su familia encontró manchas de sangre en su cama”, dijo Teddy Sinacay, presidente de Ceconsec, una organización de 120 comunidades asháninka del centro del Amazonas de Perú. “La golpearon y la arrastraron fuera de su casa. La tiraron en una barranca a 40 metros de distancia. La volvieron a arrastrar y la golpearon con una piedra”.

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La policía todavía está investigando las circunstancias, pero su muerte presenta mayores evidencias de la precariedad de la situación de las tierras de los indígenas y de las consecuencias mortales de tratar de asegurarlas.

Los indígenas del Amazonas dicen que la policía y los fiscales no hicieron caso de sus advertencias y que están permitiendo que los asesinos operen con impunidad. En total, nueve activistas del medio ambiente han muerto en Perú desde el inicio de la pandemia pero no se ha hecho ningún arresto por asesinato en ninguno de los casos.

El supuesto asesino de Meléndez fue arrestado pero lo liberaron bajo fianza con cargo de homicidio porque los jueces y fiscales aceptaron la versión de que su pistola se había disparado por accidente.

“No existimos para el estado”,  dice Berlín Diques, un líder nativo de Ucayali. “Constantemente nos molestan y nos amenazan”, dice.

“Ya perdimos la confianza en la oficina del procurador y en la policía”, dice Odicio, que recibió protección policial durante unos días el año pasado pero ya no.

Álvaro Másquez, abogado especialista en derechos indígenas  del Instituto de Defensa Legal, dice que la balanza se inclina hacia la gente de fuera que quiere comprar tierra en territorios indígenas. Para los habitantes ancestrales, sin embargo, adquirir una propiedad puede tomar décadas.

“Es una práctica común para los traficantes de drogas, traficantes de tierra e invasores sobornar a los funcionarios que autorizan las concesiones forestales y agrícolas y los títulos de tierra”, dijo Mársquez.

Además, “el racismo estructural en las oficinas judiciales y de la procuraduría” da lugar a que la impunidad sea la norma para los invasores de tierra, dijo.

La inseguridad territorial de los pueblos indígenas los ha hecho blanco fácil de los traficantes de drogas que recurren “a redes establecidas de crimen organizado” para explotar sus debilidades, dijo Vladimir Pinto de Amazon Watch, que trabaja para proteger los derechos de los pueblos indígenas y las selvas tropicales.

Mientras se liberan las restricciones del Covid en Perú, la erradicación de la coca que cayó de un promedio de 25 mil hectáreas al año antes de la pandemia a cerca de 6 mil hectáreas en 2020, está volviendo a crecer en el territorio indígena de Cacataibo.

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Esto preocupa a Diques, quien espera que habrá repercusiones por parte de los grupos de narcotraficantes. “La carne de cañón seremos los indígenas”, dijo. “Las autoridades se van y nosotros tendremos la culpa. No queremos llorar a más muertos”.