El DNI con una ‘X’ argentino no convence a toda la comunidad no binaria
Foto: Alberto Fernández / Twitter.

Valentine Machado recibió su Documento Nacional de Identidad (DNI) que indicaba que su sexo era “X” con una playera con el mensaje “No somos una X”. 

Elle y tres personas más, que se identifican como no binarias, lo recibieron de mano del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Con ese acto, del 21 de julio, el país se convirtió en el primero de la región en poner colocar la casilla “X” para señalar el género en la identificación oficial, añadida a las de “M y “F”, para quienes no se consideran ni del género masculino ni del femenino. 

El gobierno lo consideró histórico. “Este es un paso que estamos dando y espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre o mujer o lo que sea”, sentenció Fernández, en el evento de la Casa Rosada.

Pero esa playera de Valentine Machado dio a entender que la medida, pensada para promocionar los derechos de los no cisgénero (aquellos que no se identifican con el género atribuido a su sexo), no contaba con la aprobación de todo el colectivo LGBTI+.

10 años por una identificación femenina

En Argentina, había fila de hombres y de mujeres para votar. Cuando te ponías a la de hombre, te decían ‘¿qué haces?’; cuando te ponías a la de mujer, también”, explica una de las activistas más reconocidas en el país y que más tiempo lleva detrás del impulso de los derechos para la comunidad, Marcela Romero.

“El DNI no binario es una forma de disminuir y erradicar esta discriminación”, añade, la también coordinadora en Argentina de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas Trans.

Marcela nació con un DNI que ponía “Marcelo”. Vivió su infancia y adolescencia bajo la dictadura. Fue arrestada varias veces por vestirse de mujer, por mostrarse en público de acuerdo al género que sentía que era el suyo. 

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La llegada de la democracia, en 1983, no mejoró la situación para el colectivo en el corto plazo. De los 18 a los 23, Marcela fue alineando su cuerpo al género que tenía en su mente, en su alma, el femenino. Hormonas, senos, e incluso, un viaje a Chile para hacerse la vaginoplastia. Todo financiado con el dinero que ganaba con la prostitución. 

Cuando su físico dejó a Marcelo para encontrarse con Marcela, solo le faltaba que así lo reconocieran sus documentos oficiales. La activista estuvo 10 años ante los juzgados para cambiar una letra de su DNI. Tenía que someterse cada tres semanas a exámenes psicológicos y psiquiátricos, y un médico forense del juzgado tenía que revisar qué tenía bajo su ropa interior.

Toda esta experiencia fue la que la llevó a estar detrás de los avances en materia de derechos de la comunidad LGBTI+ de Argentina. Un hito fue en 2012, con la Ley de Identidad de Género, que reconoce el derecho a la identidad de género de las personas y cambiar el nombre en el acta de nacimiento y su identificación oficial sin necesidad de autorización judicial, diagnóstico médico o modificación corporal acorde al género autopercibido.

La norma sentó las bases legales para que, con los años, se hayan regulado más derechos para la comunidad LGBT. Antes del DNI no binario, en diciembre de 2020, se estableció el cupo laboral trans en el sector público. De esta forma, un mínimo del 1% de los cargos en instituciones del Estado se tienen que reservar para travestis, transexuales y transgénero, si cumplen con las condiciones para ejercerlo. 

Lo que hace esta ley es una forma de educar al Estado, porque es el Estado el que nos violenta”, acusa Romero. “Creo que hay una generación nueva en Argentina que ya nació con Ley de Identidad de Género y que pudieron acceder a educación y beneficios que muchas de nosotras no tuvimos en la adolescencia”, añade.

Marcela Romero. Foto: RedLacTrans / Facebook.

Identificación sin casillas

“Tengo los traumas de haber pasado por una educación donde se nos enseñaba que mi existencia no era posible”, explica otra activista del colectivo trans Quimey Ramos. “Y eso que terminé la escuela en 2012, cuando se sancionaba la Ley de Identidad de Género, y era una escuela pública”.

Quimey habla de ella con pronombres femeninos y se identifica como travesti pero no tiene pensado modificar su documento de identificación. “Tengo la intención de que el Estado sepa lo menos posible de mí”, explica. 

Ramos coincide con Romero en que el Estado ha sido su máximo opresor, pero la solución que ella propone no son más casillas en el DNI, sino menos. De hecho, propone que no haya ninguna porque el encasillamiento forma parte de la mentalidad dicotómica de o eres una cosa o eres la otra. Además, no ve necesario proporcionar este dato para poder acceder a sus derechos.

“Tengo 26 años. He visto morir cuatro o cinco amigas trans y travestis, muchos casos, por abandono del Estado. He visto que en dos hospitales públicos de La Plata, abusaron sexualmente de dos amigas”, explica Quimey para ilustrar su hostilidad al hecho de que se necesite una casilla que identifique el sexo en el documento oficial. 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Identidad de Género, más de 9,000 personas solicitaron el cambio de registro, 7 de cada 10 a mujer y el resto, a hombre. La opción por la recién inaugurada casilla X es voluntaria. 

Quimey Ramos es prudente a la hora prever qué efectos tendrá esta reforma pero considera que hay una comunidad para la que por seguridad, preferirá mantener sus documentos como están. “En las localidades periféricas se desplazan cienos de miles de trabajadores a la capital. Constantemente enfrentan controles policiales. En el caso de masculinidades trans o varones trans, es un relato bastante usual no querer cambiar el documento para no recibir la misma criminalización que reciben las masculinidades de barrios periféricos”, explica. Une argentine que ya dijo que optaría por la casilla X es el hije del presidente Alberto Fernandez, Dyhzy. 

Quimey Ramos. Foto: Cortesía.

En el evento del 21 de julio, une de los asistentes levantó la voz cuando Valentine Machado recibió su DNI no binario al grito de “somos travestis, lesbianas, maricas, no binaries también, agénero. No somos una X, mi sentimiento interno no es una X”. 

El presidente Fernández le respondió en su discurso que por lo menos la X era un paso adelante. “Al Estado lo que le interesa es registrar si Alberto Fernández cumple sus compromisos impositivos, saber si no lava dinero, si no delinque, eso es lo que le importa. ¿Por qué le importa el sexo?”, preguntó retóricamente el presidente. 

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El siguiente paso, explica Marcela, será una ley integral trans, que proteja desde la niñez hasta los adultos mayores. En ella, quieren que se prevea una reparación histórica por la discriminación y violencia que sufrieron las mujeres trans durante la dictadura. “Las mayores de 45 años podrán cobrar una pensión, como cobran todas las personas torturadas y humilladas en la dictadura militar”, explica. 

La comunidad está recuperando el tiempo. Romero asegura que se perdieron cuatro años en la lucha por sus derechos, por el paréntesis que supuso el mandato del presidente anterior, Mauricio Macri. “Memoria, verdad y justicia fue el reclamo de los parientes y familiares heterosexuales. Nosotras somos unas 300 mujeres trans, y nunca nuestra familia nos reclamó nada”, concluye.