‘Guatemala es una bomba de tiempo que puede estallar contra sus ciudadanos’, dice el exfiscal anticorrupción
Foto: Esteban Biba/ Archivo EFE

Se desplazó hasta la frontera con El Salvador en un vehículo diplomático. Lo acompañaban el embajador sueco en Guatemala, Hans Magnusson, y el procurador de los derechos humanos de su país, Jordán Rodas. Eran cerca de las 10 de la noche y apenas hacía horas que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, lo había removido de su cargo. Así se exilió el entonces fiscal contra la corrupción del país, Francisco Sandoval, el 23 de julio pasado.

Porras alegó que el extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ejercía justicia selectiva, ideológica y trasegaba información para beneficiar a quienes ella llamó “sus aliados”. La decisión fue condenada por los Estados Unidos, aliado clave de Guatemala. El departamento de Estado de ese país anunció la suspensión de su colaboración con el Ministerio Público porque el gesto evidenció “una falta de compromiso con el estado de derecho y la independencia judicial y de la procuración de justicia”. 

En las calles de Guatemala, los ciudadanos piden la destitución de la fiscal general y del presidente de la República, Alejandro Giammattei, desde que se convocó el Paro Nacional, el 29 de julio. El jefe de Estado se vio obligado a comparecer ante los medios para desmentir los supuestos hechos que lo comprometían y que estaba investigando Sandoval.

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La-Lista habló con el exfiscal anticorrupción. Ahora se encuentra en Washington DC, donde el martes se reunió con Ricardo Zúñiga, enviado Especial para el Triángulo Norte del gobierno de Estados Unidos. Desde ahí, impugnará su destitución, por considerarla ilegal y arbitraria. 

La-Lista (L-L): ¿Qué investigaciones o eventos cree que detonaron su destitución?

Francisco Sandoval (FS): Se dio fundamentalmente a que en el último tiempo avanzamos mucho en tres investigaciones. Una de ellas, relacionada con la manipulación de la elección en las altas cortes (Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, en febrero de 2021). Uno de los actores involucrados que, de hecho, aparece señalado en la lista Engels de los Estados Unidos, motivado por esta nominación decidió acercarse con nosotros y empezó a brindar información. 

Otra investigación está relacionada con los avances en la determinación del origen de los recursos en efectivo que fueron ubicados en octubre de 2020, en la ciudad de Antigua Guatemala. Fue un estimado de 16 millones de dólares y existían indicios que apuntaban a personas cercanas al actual gobernante.

Y estábamos por corroborar información relacionada con una posible entrega de dinero en efectivo de empresarios de origen ruso, en la casa del presidente de la República. 

L-L: Usted habla directamente de manipulación del Ministerio Público por parte de la fiscal general, ¿puede poner un ejemplo que lo ilustre?

FS: Lo pudimos ver cuando ella detuvo la persecución penal contra la excandidata presidencial Sandra Julieta Torres. Esperó el tiempo necesario para que adquiriera inmunidad como candidata presidencial para que no pudiéramos proceder contra ella (en 2019 fue investigada por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita relacionado con las elecciones de 2015. Finalmente, fue detenida después de perder la contienda electoral contra Alejandro Giammattei).

El 25 de mayo de 2020 le fueron presentados antejuicios contra algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, los tuvo varias semanas en su despacho, sin girar ninguna instrucción, para esperar a que, en el caso de (el magistrado) Néster Vásquez Pimentel (acusado por la fiscalía de haber manipulado la elección de jueces), adquiriera la inmunidad de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, manejó los tiempos para proteger a las personas que eran de su interés, dentro del esquema de impunidad que se ha robustecido en Guatemala.

L-L: ¿Por qué no denunció todo esto antes?

FS: La verdad, empujé el avance de muchas investigaciones aún con las adversidades que me presentaba la manera en que Consuelo Porras maneja la institución. Hubiera sido más fácil renunciar desde un inicio y dejar por la borda las investigaciones en las que habíamos avanzado. De alguna manera, era mejor estar desde dentro y, en todo caso, es importante que la ciudadanía conozca que aún con todos los obstáculos que Consuelo Porras interpuso, se lograron muchos avances. Mi destitución era la única forma que tenían para detener nuestros avances.

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L-L: ¿Cómo afectará la suspensión de la colaboración de EU con la fiscalía?

FS: Uno de los logros que la fiscal general ha reiterado en redes sociales es el tema de que ahora existen fiscalías o sedes fiscales en los 340 municipios del país. Hay que verificar si en realidad están funcionando, pero gran parte se debe al apoyo de algunas agencias de los Estados Unidos. En materia de licencias o adquisición de equipo técnico, que no es algo que se deba publicitar, también se debe al soporte o donación del gobierno de EU.

L-L: Cuando la vicepresidenta Kamala Harris viajó a Guatemala, acordó con el presidente Giammattei crear una fuerza anticorrupción en el país con el apoyo de los departamentos de Justicia y de Estado de EU. ¿Qué pensó de este acuerdo?

FS: Que era un mecanismo para el avance de las investigaciones, la protección de las mismas y establecer si, como ocurre en delitos de cuello blanco transnacional, existía alguna operación que pudiera vincular al territorio estadounidense y les permitiera desarrollar alguna actividad de investigación en los EU.

L-L: Si pudiera aconsejar a la Casa Blanca sobre cómo luchar contra la corrupción en Guatemala, ¿qué les diría?

FS: Primero, remover a Consuelo Porras. No es porque haya sido afectado personalmente. De hecho, no tengo la intención inmediata de regresar. Pero sí se ha convertido en un bastión importante para detener esa lucha. Otro de los consejos, este paulatino, es que el Congreso de la República tiene que elegir magistrados de las altas cortes porque se han prolongado casi dos años los cuestionados magistrados que actualmente tienen a su cargo el sistema de justicia del país. Aunque, casi el 90% de la lista que se presentó tenían compromisos con sectores oscuros del país.

L-L: ¿Qué son sectores oscuros?

FS: Los que han sido señalados por propiciar la corrupción o impedir que se investigue, y que se han alineado con el propósito de que los crímenes queden sin castigo. Hablo de aquel sector empresarial que se ha visto involucrado dentro de los procesos de gran corrupción y que de alguna manera, propiciaron diversos eventos, como la salida de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de la ONU en 2019) o campañas de desprestigio contra fiscales y operadores de justicia; de magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia, de los congresistas, el ejecutivo, la fiscal general. 

Creo que en Guatemala lo que existe es una bomba que, si no se desactiva en este momento, que podría ser un punto de inflexión, cuando explote los afectados van a ser nuevamente los ciudadanos guatemaltecos.

L-L: Giammattei dijo en campaña que no quería “ser recordado como un hijo de puta más en la historia de este país”. ¿Cree que cumplirá con su propósito?

FS: No, ya casi va para dos años de periodo y únicamente se ha dedicado a satisfacer los intereses de sus amigos. No está ejerciendo la función pública al servicio de la ciudadanía y no se ve reflejado solo en temas de justicia. No sabe el drama que se vive en Guatemala en temas de salud. Si la situación sanitaria del país era calamitosa antes de la pandemia, imagínese en estos momentos. Cuando existe un reclamo de dónde están 70 millones de dólares que se invirtieron en la compra de unos lotes de vacunas de Rusia, un contrato que no ha sido aclarado, ignorar o criminalizar las demandas de la población, se ha convertido en la tónica de este último tiempo.

Andrei González (izq.), exfiscal guatemalteco también exiliado; exfiscal general Thelma Aldana, asilada en EU (centro), y Francisco Sandoval (der.), el 30 de julio, en Baltimore. Foto: Thelma Aldana / Twitter.

L-L: ¿Qué está pasando con la procuración de justicia y el sistema de justicia en Guatemala? 

FS: El Ministerio Público ha cumplido 27 años. Es una institución joven en el esquema de justicia pero que conforme pasó el tiempo, se fue convirtiendo en un bastión de la democracia, en el sentido de que vela por el cumplimiento de la ley en el país. Se fue ganando cierto prestigio con base en el trabajo que desarrolló la institución. En 2017 llegó una fiscal general (Consuelo Porras) con una línea revisionista y cuestionando los logros de la lucha contra la corrupción, y se convirtió en una institución inoperante. Se radicalizó también la institución para la persecución de los detractores del gobierno y criminalizar personas, como yo. 

Lo que yo he vivido ha servido para tratar de darse cuenta de lo que ocurre en Guatemala. Quizás enciendan más las alarmas eventos abruptos, como las decisiones que se tomaron en El Salvador o lo que ocurre en Nicaragua. Pero en Guatemala hemos estado viviendo golpes de Estado técnicos o blandos, paulatinamente se ha avanzado para cerrar los espacios institucionales en búsqueda de la justicia.

L-L: ¿Y qué relación tiene esto con la extinción de la CICIG?

FS: Yo trabajé 11 años con la CICIG. El tema es que el problema para esos grupos de poder no finalizó con su salida, sino que continuó con su legado, que era la FECI. Entonces, fue necesario que transcurriera este tiempo para finalmente tratar de borrar el legado de la comisión de Naciones Unidas.

L-L: Siguen las protestas en Guatemala pidiendo la destitución de Consuelo Porras, ¿qué tan poderosas son las calles en el país?

FS: Hasta hace un tiempo eran, como decía un exgobernante, la música de la democracia. Hoy son ignoradas. La clase gobernante está ebria de poder