#3AñosDeGobierno | Votar a favor de la reforma eléctrica es respetar lo que el pueblo votó en 2018

La iniciativa de reforma eléctrica llega justo a la mitad de sexenio, posicionándose de alguna manera como la columna vertebral del plan político de Andrés Manuel López Obrador, porque este tiene que ver con la recuperación de la seguridad energética, pero, principalmente, con la reconstrucción y revalorización del Estado, para ponerlo de nuevo al servicio de la ciudadanía, que es lo que se esperaba cuando hace tres años el gobierno de la Cuarta Transformación asumió.

Para lograr eso, había que transformar el rol del mismo Estado, no solo ante la sociedad sino también con respecto a su participación en la economía; es decir, convertirlo de nuevo en un Estado capaz de generar bienes y valores públicos, para luego invertir en las necesidades e intereses del pueblo.

En este sentido, la reforma eléctrica de López Obrador termina siendo clave en esa revalorización del Estado, pues resucitará a una empresa pública estratégica para garantizar la seguridad y soberanía energéticas que, como he venido mencionando públicamente los meses pasados, son un asunto de seguridad nacional.

Además, esta iniciativa va de la mano del eje transformador del actual gobierno: combatir la corrupción, por más que la oposición asegure que se trata de una premisa reduccionista o demasiado simple.

Fue la corrupción la que hizo posible que se aprobara la antirreforma energética de Enrique Peña Nieto, mediante sobornos millonarios, para legalizar que las empresas transnacionales pudieran llegar al país y enriquecerse a costa del patrimonio nacional, sin asumir prácticamente ningún costo ni riesgo. Por el contrario, las y los mexicanos terminamos financiando a estos consorcios.

Como relata el presidente en su último libro, la reforma de Peña Nieto le ató las manos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la forzó a costear subsidios de los privados, asumir pérdidas millonarias o hasta pagarles renta por gasoductos que ni siquiera se acabaron de construir.

Fue la corrupción la que hizo que el expresidente Felipe Calderón y su exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, beneficiaran tanto a Iberdrola, para terminar siendo sus empleados una vez que salieron del gobierno. Y es esa corrupción la que está obligando a muchos opositores y cabilderos a difamar la nueva reforma eléctrica, pues pone en riesgo los intereses de sus empleadores.

Ahora que el modelo económico alternativo está dando éxito y resultados –incluso a pesar de la pandemia–, el neoliberalismo no es capaz de explicar qué modelo de país quería hacer. Por eso, una parte de la oposición está moralmente derrotada, mientras que otra se debate internamente en resarcir sus daños y regresar a sus orígenes nacionalistas. Los primeros se quedaron sin argumentos, sin referentes, expuestos. Los últimos parecen dispuestos a, por lo menos, respetar la voluntad popular y permitirle al proyecto ganador en 2018 demostrar su potencia.