Dados cargados… la naturalización del cochupo

“No me des, ponme donde hay”.

Parece que es normal, natural, debido y legal que las personas líderes y servidoras públicas de alto nivel en México sean ricas, muy muy ricas, al igual que sus familiares, amigos y cortesanos.

Las matemáticas no engañan, sumar y restar es suficiente para saber que con sus sueldos no les alcanza para gastar lo que gastan: casas, yates, joyas, viajes, ropa, accesorios. Entonces se infiere que ese dinero lo consiguen de alguna forma relacionada con sus cargos, ya sea por sustracción directa de alguna arca abierta (donde dicen que “hasta el más justo peca”), por algún negocillo entre cuates influyentes donde se asume que siempre “es mejor tener cómplices en lugar de testigos” o por alterar las normas para que coincidan con sus “estrategias empresariales” y así sean maniobras legales engendradas por los cochupos de sangre azul.

Ante esa realidad que conocemos y padecemos desde hace décadas “nadie se despeina”. Seguramente se olvida porque la memoria es corta o porque una nueva tranza opaca a la anterior hasta que el círculo se normaliza, pero en cualquier caso la población en México tenemos el derecho humano a la verdad y a la información. En el artículo 6º constitucional se señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

En ejercicio de esos y otros derechos, en el contexto de amnesia colectiva y la repetición impune de saqueos es que es indispensable que el actual gobierno federal realice un repositorio digital de acceso libre, con la información documental y datos duros de los hallazgos más relevantes que ha descubierto durante estos tres años, respaldado por un videodocumental que explique de forma sencilla y clara cada asunto: el huachicol, los contratos de los penales, los gasoductos, las transacciones con farmacéuticas, la explotación minera, Pemex, CFE… que exponga y explique gráficamente las redes de vínculos familiares y empresariales que asocian a conocidos personajes del mundo legal e ilegal que sostienen lazos familiares y comerciales. Para así poder entender la lógica del poder político-económico que enriquece desmedidamente a unos cuantos.

Estas pruebas plenas que deberían ser un escándalo indignante y permanente las hemos conocido, en su mayoría, durante las conferencias matutinas de la presidencia, pero por distintos motivos no toda la gente se entera y muchos lo olvidan. Esta práctica diaria también se suma al derecho a la verdad e información que, como todo derecho adquirido, contiene el principio de progresividad y no regresividad.

Por eso hay que exigir actuar con los fundamentos legales necesarios para que las conferencias mañaneras se sigan realizando como obligación del ejecutivo federal aun después de este sexenio, que estos grandes temas que se han destapado y se destapen –que son de interés medular para nuestro pasado, presente y futuro– sean colocados en un portal del gobierno con todos sus documentos de soporte que por ley no puedan suprimirse, ni alterarse, para que toda la población tenga acceso a datos fríos, hechos y pruebas para que se garanticen nuestros derechos, entre ellos a la verdad y a la información ahora y para las generaciones futuras. Así cada quien tendrá la libertad de revisar lo que quiera, cuando quiera y será más difícil que nos vuelvan a aplicar las mismas ecuaciones del toma y daca, donde todos pierden todo y pocos ganan todo.

Ante los hechos, no hay argumentos.