El círculo vicioso de la ‘sobreproducción legislativa’

No hay cosa peor que desarrollar una táctica de incidencia partiendo del desconocimiento. Lamentablemente, eso sucede muy a menudo con el Poder Legislativo, de manera especial cuando se busca evaluarlo.

Por ejemplo, si creemos que las personas legisladoras deberían dedicarse a “legislar”, reducimos todo el funcionamiento cotidiano de la asamblea a un intercambio docto de personas conocedora de un tema, que deberían discutir técnicamente. De ahí a creer que debería haber una carrera o habilidades profesionales para ingresar a este cargo hay solo un paso.

Esa pretensión que deberían las personas legisladoras a legislar ha llevado a resultados absurdos. Por ejemplo, en la Constitución de Jalisco, las diputadas y diputados tienen la obligación de presentar, al menos, una iniciativa por periodo de sesiones. El resultado: hay quienes toman una ley y presentan una reforma a un artículo cada cierto número de meses, para salir del paso.

¿Deberían presentar iniciativas? Claro, pero si no entendemos que la mayoría tienen un fin táctico en lugar de eficiente, estamos interpretando mal el funcionamiento del órgano legislativo. ¿A qué me refiero? La gran mayoría de las iniciativas que presentan las personas legisladoras en todo el mundo sirven para posicionar un tema, o contrarrestar las propuestas de otros partidos. En ese sentido, hace años un expresidente de la mesa directiva me llegó a decir que eran los boletines de prensa para el distrito.

Entonces, ¿no sirven las iniciativas para ser aprobadas? Hay personas que defienden temas, y de hecho tienen la capacidad técnica para hacer propuestas sólidas. Sin embargo, no son más de cinco en cada asamblea. Por lo tanto, si la gran mayoría de las iniciativas no se presentan para ser aprobadas, la llamada “congeladora” es el invento más sabio que se ha concebido.

Si la mayoría de las iniciativas están hechas para no ser aprobadas, ¿qué deberíamos hacer con estas? La respuesta más práctica, y que de hecho siguen la mayoría de los órganos legislativos es darles una caducidad. Es decir, dejar que “mueran” si no son dictaminadas después de un plazo que, por lo general, es un año. Si eso sucediese, una persona tendría varias oportunidades para “relanzar” un tema que sea realmente de su interés, revisando su propuesta con cada fracaso.

Por desgracia, las reglas del Congreso de la Unión parten de la premisa que todas las iniciativas deberían ser dictaminadas, lo cual lleva a una serie de absurdos. Por ejemplo, las comisiones gastan tiempo y esfuerzo en analizar propuestas que apenas son más que ocurrencias. Algunas pueden optar por congelarlas, pero eso también obliga a las personas funcionarias a hablar con el staff de quienes las propusieron y hacer uso de toda su mano izquierda para explicar por qué las iniciativas no proceden y dar alternativas.

Tampoco las personas proponentes están dispuestas a que se dictaminen sus iniciativas en sentido negativo, porque lo observatorios de sus distritos creen que eso es una señal que no “trabajan”. Por ello no están dispuestas a que sus propuestas se rechacen o a bajarlas si se observa que serán dictaminadas en lo negativo. Para decirlo de otra forma, rechazar una iniciativa es crearse un problema con su proponente, aun cuando se trate de una burrada.

Sin embargo, también hay comisiones que creen que deberían dictaminar en negativo todo, lo cual genera una dinámica meramente política. Por ejemplo, si bien muchas personas proponentes pueden retirar sus propuestas antes que sean dictaminadas en negativo, pueden ver en este intento una oportunidad para hacer una declaración política y defenderlas ante la comisión. ¿Pueden también ser deficientes técnicamente? Sí, pero no les importa mientras ganen la estrategia política y mediática ante sus distritos.

Por lo tanto, la pretensión a creer que las personas legisladoras deberían hacer leyes ayuda a generar la llamada “sobreproducción” de iniciativas, generando enormes costos de oportunidad tanto al pleno o las comisiones. ¿Qué hacer? Para empezar, darnos cuenta que el órgano legislativo es mucho más complejo y tiene funciones que van más allá del mero “producir leyes”. Y eso requiere mejores esfuerzos de planeación estratégica por parte de la ciudadanía y los observatorios.