A 20 años de la primera ley de transparencia

A propósito del Encuentro conmemorativo por los 20 años del reconocimiento del derecho a saber en México, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (Inai) en conjunto con otros órganos garantes locales parte del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), tuve el gusto de acudir a participar en la mesa llamada Democracia, Información Pública y Transparencia: una agenda inconclusa.

En esta mesa, voces como la del comisionado del Inai Francisco Acuña; del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y del exconsejero presidente del INE Luis Carlos Ugalde fueron coincidentes en subrayar el parteaguas que significó para la democracia mexicana la publicación el 11 de junio de 2002 de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La expedición de esta norma y la posterior creación de instituciones encargadas de llevar a la realidad buena parte de su contenido son ejemplos claros de los cambios que la sociedad civil y la academia pueden lograr en aras del mejoramiento del país. Fueron la iniciativa de ellos y el clima político favorable generado por la primera transición democrática los factores que dieron pie a la consolidación del reconocimiento de derechos que, si bien de alguna manera ya se encontraban relativa y tímidamente reconocidos, con este suceso fueron finalmente acercados la sociedad.

Como parte de las aspiraciones naturales de cualquier sociedad occidental con las características de la nuestra, la promoción de los valores democráticos es altamente apreciada, aunque también debe decirse que la realidad histórica mexicana demuestra que, como se señaló ahí, existe una tensión natural entre el presidencialismo y aquellos valores, pues órganos de control, como son aquellos encargados de velar por la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, suelen ser incómodos para el poder desde hace mucho tiempo y en todos los órdenes de gobierno existentes en nuestro Estado federal.

De lo anterior se tiene que los grandes avances que en estos rubros se han tenido en nuestro país a lo largo de 20 años son indubitables, sin embargo, el entorno que se vive alrededor del mundo impone cada vez más grandes desafíos para el quehacer de este tipo de instituciones, pues la proliferación de opiniones que cuestionan su legitimidad es cierta, como lo es también el alto valor que su trabajo diario tiene en el empoderamiento de la sociedad y, con ello, el paulatino logro de una vida en democracia.

Una sociedad informada es una sociedad activa y cada vez más exigente, por lo que el fortalecimiento de las instituciones que propugnan por hacerlo se torna indispensable en tiempos en los que la participación ciudadana en la cosa pública ha ido cediendo espacios o, incluso, la misma sociedad ve con indiferencia la posibilidad de influir mayormente en la toma de las grandes decisiones.

Felicitaciones a la sociedad mexicana porque en un lapso relativamente corto de tiempo establecer las normas, instituciones y procedimientos necesarios para buscar el ejercicio pleno de estos derechos por parte de las personas, al tiempo que es importante que como beneficiaria de ellos, hagamos causa común para dejar atrás los debates sobre la pertinencia de su existencia y busquemos identificar sus áreas de oportunidad para mejorarlas.