Continuidad en la atención médica

La pandemia evidenció muchos de los problemas del Sistema Nacional de Salud (SNS). Algunos ya existían y otros son de reciente creación, pero en su conjunto ocasionaron un impacto negativo en el ejercicio pleno del derecho a la salud, principalmente en las personas que reciben servicios de atención médica por parte de las instituciones que integran el sector público.

Ello fue demostrado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el reporte Medición de Pobreza. En este documento vemos con claridad que la carencia de acceso a servicios de salud se incrementó para aquellas personas con seguridad social, pero sobre todo para quienes no cuentan con ella. Esto podría explicar que, ante la falta de servicios públicos, muchas de las personas afectadas por covid, por alguna afección crónica o con necesidad de algún procedimiento quirúrgico buscaran en el sector privado alternativas para ser tratadas y, por tanto, incrementaran su gasto de bolsillo en salud. Tan solo en 2020, este tipo de gasto creció 7.3% respecto del año anterior, tal como mostró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recientemente.

El caso de pacientes con padecimientos crónicos es prueba de lo anterior. Los reclamos sobre el rezago en las consultas y la falta de entrega oportuna de tratamientos han sido constantes. En algunos casos dichos reclamos han sido judicializados; en otros, se ha podido analizar las causas y –con la apertura de las autoridades– explorar soluciones. Muestra de ello es el estudio recientemente publicado por Central Ciudadano y Consumidor. 

Este estudio elaborado con datos de los servicios de salud de la Ciudad de México muestra fehacientemente que el acceso a consultas diagnósticas y de seguimiento para personas con padecimientos crónicos se vieron afectadas no solo por la pandemia sino por efecto también de los constantes cambios que ha tenido el SNS. 

Entre sus conclusiones, el estudio plantea que estas condiciones comprometieron la seguridad de los pacientes con padecimientos crónicos, pues esta se encuentra estrechamente vinculada con el seguimiento adecuado a sus padecimientos, tanto en consulta como en el tratamiento que reciben. Entre las propuestas del estudio se plantea poner especial énfasis en la atención primaria, impulsar el uso de las tecnologías de la información en el sector público y una mayor coordinación entre las entidades federativas y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El primer paso para materializar estas propuestas debe ser: colocar a las personas y su salud en el centro de la toma de decisiones. En el caso de los pacientes crónicos, su estabilidad debe ser el eje rector de la política pública y los cambios normativos que se generen. Se debe garantizar que las personas con enfermedades crónicas no vean afectado su nivel de salud por la imposibilidad fáctica de recibir una consulta o que su tratamiento no pueda ser dispensado a tiempo. 

Para ello deben establecerse mecanismos en los que todos los integrantes del SNS puedan intervenir cuando quien tiene la responsabilidad de atender al paciente se vea imposibilitado para hacerlo. En ese sentido resulta indispensable realizar cambios normativos que permitan una integración e interoperabilidad real del SNS. 

Es un buen momento para revisar en su integridad el marco normativo en salud y generar uno nuevo en el que no solo se tomen las lecciones arrojadas por la pandemia, sino que se articule de manera eficaz la visión de lo que como Estado se requiere para proteger el derecho a la salud de toda la población.