T-MEC: derribando mitos sobre la controversia que viene

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció en días pasados que habían solicitado formalmente al gobierno mexicano el inicio del procedimiento de “consultas” para la solución de controversias en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

A raíz de dicho anuncio, la postura oficialista pasó del escarnio –en un primer momento– a la transmutación del conflicto en una batalla política e ideológica. Lo que pudo ser una controversia fundamentalmente comercial, Andrés Manuel López Obrador ha decidido transformarla en una bandera política que le permita seguir fortaleciendo su discurso “nacionalista”.

El problema es que dicha batalla se sustenta en afirmaciones falsas, tendenciosas, muchas de las cuales se alimentan de mitos que se han ido construyendo alrededor del tratado comercial más importante para los mexicanos.

Primer mito: el T-MEC reconoce la soberanía de los mexicanos para conducir su política energética

Como todo mito, esta afirmación contiene una porción de verdad. Y es que resulta cierto que el capítulo 8 del T-MEC reconoce el dominio directo y la propiedad inalienable de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo nacional, distinguiendo al mismo tiempo la facultad soberana del Estado mexicano para reformar su Constitución y sus leyes en este aspecto.

Por lo tanto, este capítulo NO le reconoce a México la facultad de conducir cuestiones diversas de la política energética, además de que no guarda relación con la materia de la controversia, pues lo que se viene reclamando son aspectos totalmente distintos.

Segundo mito: la actual política energética no incumple con ninguna porción del tratado

Falso, pues por lo menos tres capítulos del T-MEC se estarían incumpliendo con la política energética implementada en este sexenio.

El capítulo 14 Inversión, puntualmente por cuanto hace al artículo 14.4, el cual impone en los Estados la obligación de otorgar a los inversionistas un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas. Así como el artículo 14.8, que prevé una prohibición a la expropiación directa o indirecta, salvo en casos excepcionales y bajo justa compensación.

El capítulo 22 Empresas propiedad del Estado y monopolios designados que, si bien reconoce a estas entidades estatales, en su artículo 22.4 impone la obligación de que las empresas propiedad del Estado, cuando realicen actividades comerciales, lo hagan bajo un estándar de trato no discriminatorio.

Y el capítulo 24 Medio ambiente, que incluyen –entre otros aspectos– el imperativo de promover políticas y prácticas comerciales que permitan la protección del medio ambiente.

Tercer mito: quienes pugnan por el cumplimiento del T-MEC se encuentran del lado de intereses extranjeros

Nuevamente esta afirmación podría contener una porción de realidad, pues habrá quienes en este conflicto defiendan intereses particulares –que no propiamente extranjeros–. Sin embargo lo cierto es que la actual política energética afecta por igual tanto a empresas extranjeras como a las propias mexicanas. 

Además de que la mayoría de los cambios introducidos implican una regresión considerable en las políticas implementadas en favor del medio ambiente. Se equivoca totalmente quien piense que pugnar por un medio ambiente sano es ponerse del lado de intereses extranjeros. 

En conclusión, resulta innegable que ante el desgastado discurso de confrontación con el pasado, el presidente ha optado por un derrotero distinto, uno que parece sacado del manual de los líderes autocráticos latinoamericanos: la confrontación con el “imperialismo estadounidense”. Por ello ahora más que nunca es labor de los ciudadanos desmentir la fábula obradorista, pues las consecuencias pueden alienarnos de nuestros principales socios comerciales y seremos precisamente nosotros quienes más lo padeceremos.