La Guardia Nacional, ¿silenciosa militarización?

El pasado 30 de junio, el gobierno de la República celebró el tercer aniversario de la Guardia Nacional, organismo que fue concebido por el poder reformador de la constitución como una institución policial de carácter civil.

Atendiendo al contenido del artículo 21 constitucional, el 27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se expidió la Ley de la Guardia Nacional, en cuyo contenido –artículo 4º– se reitera la naturaleza de la mencionada corporación, refrendando su carácter civil, adscribiéndola a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta distinción no resulta menor, pues la creación de la Guardia Nacional implicó la desaparición de la hasta entonces conocida como Policía Federal, provocando una reasignación de recursos materiales y financieros, de una a otra.

Hasta ese momento, muchos de los defensores de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador –otrora opositores férreos de la militarización– justificaban la existencia de la nueva corporación, bajo el argumento de que siempre permanecería como una institución eminentemente civil; “bajo un mando civil, bajo un mando civil”, repetían algunos.

Muy pronto la realidad y el propio discurso presidencial los dejó sin argumentos, pues desde sus inicios la Guardia Nacional se integró mayoritariamente por elementos de formación militar, provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina. Hoy por cada elemento propio de la Guardia Nacional –presumiblemente de formación civil– existen tres provenientes de las instituciones castrenses.

El titular del Ejecutivo, quien durante años encabezó las huestes opositoras al avance de la militarización del país y prometió regresar a las Fuerzas armadas a sus cuarteles, ahora pretende culminar el proceso militarizador mediante una reforma constitucional que incorpore –formalmente– la mencionada institución a la Secretaría de la Defensa Nacional.

López Obrador parece querer anticiparse a una eventual decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que frene sus intentos de militarización.

En cualquier momento de este año, el pleno de nuestro máximo tribunal resolverá la controversia constitucional 90/2020, promovida en contra del “acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Sobre la intervención de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la Corte ha sostenido en diversos criterios que esta resulta constitucionalmente válida, siempre que se cumplan los siguientes requisitos a saber: (i) que sea extraordinaria, lo que equivale a que no puede ser permanente, en su aspecto temporal, ni total, en su aspecto geográfico; (ii) condicionado a que exista solicitud expresa por parte de autoridad civil; (iii) que se encuentra subordinado en todo momento a un mando civil; y (iv) que se despliegue en un marco de respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, si los ministros de la Corte son congruentes con sus propios criterios, se acabará decretando la inconstitucionalidad del acuerdo, al no reunirse los requisitos apuntados; decisión que puede impactar indirectamente en el despliegue disfrazado de Fuerzas armadas, acotando la militarización de una vez por todas.

La militarización de la seguridad pública no comenzó con López Obrador, es innegable, pero es en este sexenio donde busca consolidarse. Con López Obrador dejó de ser un proceso silencioso, ahora se presume, se defiende y hasta se justifica, ¿no podía saberse?