Necesitamos un nuevo observatorio de la democracia en las Américas

El 20 de octubre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó a Ecuador para exponer una perspectiva de la democracia en las Américas. En los últimos cinco años, el hemisferio ha sufrido una agresión a sus instituciones democráticas, ya que los líderes políticos, desde Donald Trump hasta Jair Bolsonaro, han adoptado un nuevo manual de actuación autoritario: mentiras, violencia, represión y más mentiras. Dos tercios de los ciudadanos estadounidenses actualmente creen que la democracia se encuentra amenazada, mientras que la mayoría de los brasileños temen que una dictadura militar regrese al país. “Nos encontramos en un momento de ajuste de cuentas democrático”, anunció Blinken.

Sin embargo, el gobierno de Biden sigue situando a Estados Unidos en el lado equivocado de este ajuste de cuentas. Consideremos el reciente viaje de Blinken. En Quito, se deshizo en elogios hacia el presidente Guillermo Lasso en la misma semana en la que Lasso declaró el estado de emergencia en todo el país para intimidar a los críticos de su gobierno y distraer la atención de una investigación sobre presunto fraude fiscal tras su aparición en la filtración de los Pandora Papers. En Bogotá, horas más tarde, Blinken aplaudió los méritos democráticos del presidente colombiano, Iván Duque, “No tenemos mejor aliado en toda la variedad de temas que enfrentan nuestras democracias en este hemisferio“, dijo Blinken, mientras que su gobierno fue acusado de atacar a los manifestantes y permitir un número sin precedentes de asesinatos de líderes indígenas, negros y campesinos bajo su mandato.

El gobierno de Estados Unidos es cómplice en estos ataques a la democracia, no solo como “aliado” sino también como miembro principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Apenas dos días después de la excursión de Blinken por Sudamérica, los gobiernos de Bolivia, Argentina y México llevaron a cabo su propio evento en la sede de la OEA en Washington DC para discutir el controvertido papel de la organización en las elecciones bolivianas de 2019.

Los hallazgos de los expertos fueron claros, y condenatorios: aunque la OEA no encontró ninguna evidencia de fraude en la elección del presidente Evo Morales, le mintió a la ciudadanía y manipuló sus propios hallazgos para ayudar a destituirlo. “Más tarde se informó que el representante de Estados Unidos para la OEA en realidad presionó y dirigió la misión de observación para llegar a una conclusión de fraude”, testificó Jake Johnston, del Centro de Investigación en Economía y Política.

Bolivia no es el único caso. En Haití, por ejemplo, las intervenciones antidemocráticas de la OEA datan de hace décadas. En el año 2000, la misión de observadores de la OEA concluyó que las elecciones de Haití fueron un “gran éxito”, solo para cambiar su postura bajo la presión de Washington y afirmar que fueron ilegítimas. El objetivo era evidente: “desbancar al gobierno de Aristide”, como testificó ante el Congreso el Dr. Paul Farmer, enviado especial adjunto para Haití en las Naciones Unidas. Entonces, 10 años después, la OEA volvió a intervenir para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2010 basándose en métodos estadísticos deficientes. Resulta difícil exagerar las consecuencias desestabilizadoras de dichas intervenciones. Juan Gabriel Valdés, exjefe de la ONU en Haití, describió recientemente la decisión de la OEA en 2010 como “el origen de la tragedia actual” en el país.

Así pues, la OEA ya no es un observador fiable de la democracia en las Américas, especialmente bajo la actual dirección de Luis Almagro, que ha sido descrita como la “peor de la historia”. A los ojos de varios Estados miembros, la institución está demasiado comprometida con los intereses de Estados Unidos como para proporcionar una defensa eficaz de las instituciones democráticas, provocando que algunos pidan organizaciones “autónomas” para disputarle. “El mundo atraviesa en la actualidad un momento muy preocupante, en el que los ataques a las instituciones democráticas se producen con una frecuencia aterradora”, señaló el exministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim. “La creación de un observatorio electoral internacional, popular y no partidista, llenará un importante vacío en la defensa de la democracia y los derechos humanos”.

¿Qué haría un observatorio de este tipo? Tres competencias son fundamentales. La primera sería organizar delegaciones para los países en los que las instituciones democráticas están evidentemente amenazadas, tanto por los actores nacionales como por los observadores internacionales como la OEA. Al reunir a científicos de datos y representantes parlamentarios, estas delegaciones proporcionarían un análisis independiente de los procesos electorales y una defensa contra las falsas narrativas que amenazan con descarrilarlos. El objetivo no consiste únicamente en observar cómo se emiten y cuentan los votos, sino también en observar a los observadores.

La segunda competencia crítica sería iniciar investigaciones sobre intervenciones ilegales en los procesos democráticos. A lo largo de la última década, el mecanismo dominante de deshacer la democracia ha sido legal, es decir, la instrumentalización del sistema judicial para intimidar, excluir e incluso encarcelar a los opositores políticos, una táctica conocida en toda América Latina como guerra jurídica o “lawfare”. Mediante el despliegue de una red global de expertos jurídicos, un nuevo observatorio podría desafiar estas tácticas para ayudar a garantizar un proceso democrático libre y justo.

La tercera y última competencia del nuevo observatorio sería la de la comunicación. En la era tecnológica, la mala información suele viajar más rápido que la buena. Las grandes plataformas tecnológicas, como Facebook, no solo sirven para propagar historias falsas y avivar el conflicto cívico; la evidencia sugiere que sus ejecutivos intervienen para favorecer a algunos candidatos y prohibir a otros en la plataforma. En el contexto de semejante sesgo, este nuevo observatorio tendría que construir una infraestructura de comunicación autónoma para garantizar que los hallazgos de sus delegaciones e investigaciones se difundan con rapidez, se lean ampliamente y se entiendan bien.

La petición de un nuevo observatorio no puede resultar más urgente. En el horizonte de 2022 se vislumbran unas polémicas elecciones. En mayo, Colombia acudirá a las urnas tras un año de agitadas protestas contra la violencia gubernamental, la corrupción y una respuesta ineficaz a la pandemia. Cinco meses más tarde, Jair Bolsonaro se enfrentará a Lula da Silva tras beneficiarse de su flagrante persecución en su camino a la presidencia en 2018. Bolsonaro y sus aliados en el Congreso ya promovieron un paquete legislativo para reescribir las leyes electorales de Brasil, mientras repiten como loros las mentiras sobre el posible fraude en el sistema electoral del país.

Mientras tanto, de regreso a Washington DC, el secretario Blinken avanza en los planes de una Cumbre por la Democracia. La cumbre, que convocará a los líderes de “un grupo diverso de democracias del mundo” a principios de diciembre, pretende fomentar el compromiso de luchar contra la corrupción y respetar los derechos humanos; una oportunidad, como sugiere el comunicado de prensa de la Casa Blanca, para “hablar honestamente sobre los desafíos a los que se enfrenta la democracia con el fin de fortalecer colectivamente los cimientos de la renovación democrática”.

Sin embargo, la crisis de la democracia no se resolverá solo en la cumbre. No podemos delegar la “renovación democrática” a nuestros presidentes, ni a la OEA que afirma representarlos. Necesitamos un observatorio que defienda la democracia desde su base, una institución con la capacidad y la credibilidad necesarias para luchar contra las tácticas autoritarias e igualar el campo de juego para que florezca la democracia. Esa lucha comienza ahora.

David Adler es el coordinador general de la organización Internacional Progresista. Guillaume Long es analista político senior en el Centro de Investigación en Economía y Política y exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador.