Ley de Amparo: jueces y magistrados advierten riesgos en el acceso a la justicia

Jueces y magistrados externaron su preocupación por la vulneración del acceso a la justicia tras la aprobación en comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado de una iniciativa para reformar la Ley de Amparo.

El legislador Ricardo Morneal propuso cambios a los artículos 129 y 148 de dicha ley, en donde establece que “tratándose de juicios de amparo que resuelven la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.

Un día después del avance de las modificaciones en comisiones, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) exhortó a las y los legisladores a apegarse a la Constitución.

“Se aprecia una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables; pues se daría un trato desigual a quienes aún no habiendo acudido al amparo sean afectados por una ley, que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución”, mencionaron en un comunicado.

Los jueces y magistrados reiteraron que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo va contra convenciones internacionales firmadas por México.

“La suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, estas no sean aplicadas o ejecutadas en perjuicio de las personas… Impediría a jueces aplicar… el principio de progresividad de los Derechos Humanos, los cuales deben aumentar y no disminuir, como lo establecen también las Convenciones Internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado”, detallaron.

Su exhorto coincide con el de la organización México Unido contra la Delincuencia, que horas después de la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo en comisiones también solicitaron frenar las modificaciones porque, mencionaron, es un recurso ampliamente utilizado por la sociedad civil para impugnar cambios. Por ejemplo, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).