Jueces y magistrados respaldan a Norma Piña: quieren intimidarla, acusan
Integrantes de la Jufed calificaron el posible juicio político contra la ministra presidenta de la SCJN como una campaña difamatoria.
Integrantes de la Jufed calificaron el posible juicio político contra la ministra presidenta de la SCJN como una campaña difamatoria.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, recibió el apoyo de jueces y magistrados ante la posible solicitud de juicio político en su contra.
El exministro Arturo Zaldívar pedirá la apertura del procedimiento tras la filtración de una investigación ordenada por Piña Hernández ante una denuncia anónima por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia luego de reuniones con del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Zaldívar también anunció denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por delitos contra la administración de la justicia, uso ilícito del ejercicio público, sustracción ilícita de información y la probable comisión del delito electoral de apoyar a un candidato o perjudicar a otro.
Horas después, la Asociación Nacional de Magistrados de Distrito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respaldaron el trabajo de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ante el juicio político.
En una pronunciamiento publicado a través de su cuenta de X, antes Twitter, aseguraron que en los últimos años se han incrementado las denuncias contra personas juzgadoras e incluso han puesto en riesgo su integridad y la de sus familias.
“El juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos, pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante”, detallaron sobre el procedimiento que se abrirá contra la ministra.
Ahondaron en que la ministra presidenta sólo cumple con su trabajo.
“Resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta por cumplir con una obligación que los ciudadanos demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, ahondaron.
Síguenos en
