Diputados aprueban la Ley de Juicio Político, con mayoría de Morena y aliados

Con los votos de las fracciones de Morena, PVEM y PT, la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con un cambio para que se requiera mayoría calificada en ambas cámaras para que se pueda ejercer acción penal contra el presidente.

Tras ocho horas de debate en su primera sesión de la 65 Legislatura, los artículos reservados en términos del decreto y las modificaciones aceptadas por la Asamblea fueron avaladas con 266 votos a favor, 205 en contra y ninguna abstención.

El proyecto establece que el presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

De modo que el documento se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, presentó reservas para modificar los artículos 19 y 33, con el objetivo de establecer que en los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia las sesiones “serán siempre de carácter presencial, estando obligados las y los diputados a estar presentes en ellas”.

También para modificar el artículo 37, que estipula los delitos por los que el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado en el tiempo de su encargo, e incluir “respetando siempre el principio de presunción de inocencia”. 

Asimismo, el artículo 41, para estipular que para aprobar o no la resolución sobre la probable responsabilidad de la persona titular de la Presidencia de la República en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, se requiera la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y senadores presentes.

Al respecto, la diputada Sandra Simey Olvera, de Morena, expresó que las reservas mejoran la propuesta y benefician al pueblo.

Asimismo, el morenista Leonel Godoy Rangel rechazó que se busque régimen especial para el Presidente. “No es trato privilegiado al Presidente, es lo que dispone la Carta Magna, y es lo mejor para el país, para combatir impunidad”, dijo.

Sin embargo, el diputado del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, indicó que con estas reservas se crea un régimen de excepción para el Presidente.

“Es un funcionario público protegido por el fuero y lo que proponen es que no sea juzgado como cualquier otro”, aseguró Lixa Abimerhi.

Mientras que el diputado Jorge Arturo Espadas Galván del PAN señaló que la iniciativa original establecía que todas y todos en el Poder Ejecutivo y Legislativo debían ser separados del encargo, pero en el dictamen no está.