Los exfuncionarios de la SFP lograron frenar el proceso en su contra por dejar solo copia con tachaduras y sin anexos de las pruebas de la investigación de la SFP.
Foto: Facebook / Enrique Peña Nieto
El caso por la pérdida del expediente de la “Casa Blanca”, que involucró al expresidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y la empresa Higa, concluyó con sanciones menores contra los exfuncionarios que desaparecieron los documentos originales del caso.
La Jornada consignó en su edición de este lunes 30 de mayo que los exfuncionarios deberán realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original, dejando en su lugar una copia con datos tachados o borrados.
El periodista Guatavo Castillo explicó que la magistrada Cristina Porras Odriozola determinó concederles a los exfuncionarios un mecanismo alterno de solución y una suspensión condicional del proceso penal, a pesar de la oposición de los representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los beneficios de suspensión condicional son para José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas; Jesús Antonio Suárez, exdirector general de denuncias e investigaciones; y Daniel Pérez Rueda, exdirector General Adjunto de Investigaciones B, todos de la Secretaría de la Función Pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que exoneró administrativamente al mandatario, pero que no interpuso una denuncia en su contra.
Los exfuncionarios tuvieron bajo su responsabilidad el resguardo del expediente original de la investigación realizada por la SFP en 2015, que a cargo de Virgilio Andrade exoneró al presidente de haber incurrido en conflicto de interés por la casa que construyó Higa, del empresario Armando Hinojosa Cantú.
En diciembre de 2018, Irma Eréndira Sandoval, entonces titular de la SFP, buscó acreditar corrupción en ese caso y solicitó el expediente de la investigación de “la Casa Blanca”.
Sin embargo, las autoridades detectaron que el expediente original había desaparecido y en su lugar quedó una versión pública, sin incluir los contratos que presuntamente firmó Angélica Rivera con la empresa Televisa, ni las pruebas que acreditaran los ingresos para adquirir la llamada Casa Blanca ni el dictamen contable que supuestamente se elaboró durante la gestión de Peña Nieto, por lo que no se pudo investigar a fondo el caso, , según explica el medio.
Por ello, en mayo de 2019, la SFP presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) en contra de quien resultara responsable de la desaparición de dicho expediente.
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