El 17 de noviembre de 2022, Javier Duarte fue imputado y vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.
El exmandatario veracruzano está preso desde 2017. Foto: Especial
Un juez de control de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, amplió un año más la medida de prisión preventiva justificada por el delito de desaparición forzada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
En una audiencia de revisión de medida cautelar que se realizó de manera virtual, el juez amplió la medida cautelar contra Duarte de Ochoa, la cual fue solicitada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), de acuerdo con información del medio Milenio.
Según la misma fuente, la audiencia corresponde al proceso penal número 103/2018, por la desaparición forzada del expolicía estatal, David Lara Cruz, ocurrida en 2016 por policías estatales, hechos registrados pocos meses antes de que Duarte renunciara al cargo para huir a Guatemala.
El 17 de noviembre de 2022, Javier Duarte de Ochoa fue imputado y vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas, informó la Fiscalía General del Estado.
La decisión fue tomada por el Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo.
Además, de la imputación y vinculación a proceso por desaparición forzada, ese día el juzgador también le dictó a Javier Duarte la medida de prisión preventiva justificada por un año y dio un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
El pasado 23 de octubre, un juez federal ordenó detener a siete excolaboradores cercanos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quienes acusa de peculado por más de mil millones de pesos.
La Fiscalía General de la República informó que el desfalco que busca imputar a Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández, exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, derivó de la supuesta realización de 17 transferencias irregulares en el año 2013.
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