Estrena el TEPJF defensoría pública electoral contra la violencia política de genero

Este jueves fue instalada la defensoría pública electoral especializada en la atención de asuntos de violencia política en razón de género, por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Con ello, las mujeres podrán salvaguardar sus derechos políticos y promover su participación activa en la vida pública.

La defensoría estará a cargo de la titular María del Carmen Carreón Castro, quien estará acompañada por un equipo de defensoras especializadas. Para consultas o asistencia se habilitó el correo electrónico: [email protected]

En un acto encabezado por la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, junto a los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, se anunció la instalación de esta defensoría, que es única en su tipo en América Latina.

La defensoría tiene como objetivo principal ofrecer asesoría legal gratuita y especializada, así como representación jurídica, en casos relacionados con violencia política de género y paridad.

El Tribunal indicó que con esta defensoría se responde a la necesidad urgente de garantizar un entorno político libre de violencia y discriminación para las mujeres, tanto en los procesos electorales como en el ejercicio de cargos de elección popular.

La magistrada Mónica Aralí Soto subrayó la importancia de esta iniciativa como un paso fundamental hacia la justicia electoral y la equidad de género en México.

Por otro lado, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña resaltó la importancia de esta medida para asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, proporcionándoles acceso a una asesoría jurídica de calidad. Asimismo, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera destacó el compromiso continuo del TEPJF en la lucha contra la violencia política de género, enfatizando el papel pionero de México en este ámbito.

Además de la creación de la defensoría, el TEPJF ha puesto en marcha una serie de acciones para fortalecer la protección de los derechos políticos de las mujeres. Entre ellas se incluyen programas de capacitación y sensibilización dirigidos a personal jurisdiccional y administrativo, así como el establecimiento de mecanismos de monitoreo y seguimiento de casos de violencia política de género.