3de3 contra violencia avanza en 7 estados; necesita otros 10
Se necesitan otros 10 congresos estatales que la ratifiquen para que el dictamen contra quienes ejercen violencia sea enviado al Ejecutivo.

Los Congresos de la ciudad de México, Veracruz, Sinaloa y Baja California aprobaron el jueves la Ley 3de3 contra la violencia, con lo que suman 7 congresos estatales hasta ahora.
Se trata de la reforma a los artículos 38 y 102 para establecer la inelegibilidad de quienes hayan incurrido en violencia sexual, familiar y política.
Previamente, la Ley 3de3 fue aprobada por los congresos de Quintana Roo, Tamaulipas y el Estado de México.
Se necesita de al menos otros 10 congresos estatales que la ratifiquen para que el dictamen pueda ser enviado al Ejecutivo federal y promulgado como ley vigente para los próximos comicios federales y presidenciales.
En la Ciudad de México la votación fue unánime de todas las bancadas que conforman el Congreso.
La diputada del PRD, Gabriela Quiroga, señaló que el Congreso tiene la obligación y la oportunidad de hacer historia con la aprobación de esta minuta para que en el próximo proceso electoral 2023-2024 “ningún violentado pueda ocupar un espacio como candidato”.
En abril pasado, el Senado de la República aprobó la llamada “ley 3de3” sobre suspensión de derechos para ocupar cargos públicos a quien tenga antecedentes como deudor de petición alimenticia o agresión contra las mujeres.
Las y los senadores dieron su respaldo el proyecto que suspende los derechos o prerrogativas de los ciudadanos que tengan sentencia firme por distintos tipo de violencia contra mujeres y niños, es decir:
- Deudores alimentarios.
- Violencia familiar.
- Violencia sexual.
- Acoso u hostigamiento sexual.
- Delitos contra la integridad corporal.
- Contra la libertad y seguridad sexuales.
- Contra el normal desarrollo psicosexual.
La ley aplica también a quien haya ejercido violencia polítca en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
“Con la reforma propuesta se busca incidir favorablemente en la ética pública y política, en beneficio de la sociedad en su conjunto”, se destaca en el dictamen.