¿Es viable una reforma constitucional de AMLO para la ley eléctrica? Esto dicen los expertos
Expertos explican la viabilidad de la reforma constitucional de López Obrador para que avance la Ley a la Industria Eléctrica.
Expertos explican la viabilidad de la reforma constitucional de López Obrador para que avance la Ley a la Industria Eléctrica.
La eventual reforma constitucional que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los amparos que emitieron dos jueces a la Ley de la Industria eléctrica habría que tomarla con cautela, ya que parece una estrategia sin análisis con un futuro sólido por delante, aseveró Jesús Garza Onofre, investigador y experto en Derecho.
En entrevista con La-Lista apuntó que el plan de Ejecutivo para defender su reforma energética ante el poder judicial carece de una estrategia jurídica detrás, por lo que este anuncio sólo contribuiría a enarbolar su discurso político.
En mayo de 2020, la Secretaría de Energía (Sener) emitió un decreto para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y restringir la participación del sector privado con energías renovables, sin embargo fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lee también: Segundo juez suspende la reforma eléctrica de AMLO
Ante ello se emitió la iniciativa de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual se aprobó en fast track en el Congreso con mayoría de Morena. Dos jueces han emitido amparos a varias empresas privadas para librarse de esta nueva legislación, que fue calificada como inconstitucional por el poder judicial.
¿Cómo se puede reformar la Constitución?
El presidente de la República tiene la facultad de presentar una iniciativa ante cualquiera de las dos cámaras para reformar la Constitución. Una vez elegido el órgano legislativo de origen, se discute el proyecto, para aprobarse se debe contar con las dos terceras partes del total de legisladores. Además, 17 de los 32 congresos locales deben dar el visto bueno para que sea avalado dicho cambio jurídico, explicó Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la UNAM.
“No es sorprendente que un presidente anuncie una reforma a la constitución, la mayoría lo ha hecho. El único detalle es que ningún presidente lo hizo como lo hace AMLO: primero a través de un decreto, que el consejero jurídico de la Presidencia debía saber desde un inicio que tenía aspectos que eran inconstitucionales. Se presentó, se hicieron reformas a la ley eléctrica a pesar del antecedente y ahora se pretende reformar la Constitución para que se impere la voluntad del presidente”, abundó el abogado.
La vía legal pertinente para que López Obrador presente su inconformidad ante el resolutivo de la poder judicial sería la presentación de los recursos ante los amparos que, hasta ahora, han emitido los jueces a las empresas privadas.
Lee también: La batalla contra la Ley de la Industria Eléctrica: estos son los 26 amparos que buscan ‘tirarla’
“La Suprema Corte tendrá la última palabra, porque puede llegar hasta la Corte”, advirtió el catedrático, quien agregó que la ley energética de López Obrador atentaría contra la libre concurrencia, competencia y el medio ambiente. Y también podría tener implicaciones en los tratados comerciales internacionales.
Equilibrio de los tres poderes
“En la constitución queda claramente estipulado cómo se puede reformar y no es a capricho del presidente. Esto puede ser más (suave), de terciopelo, si se respeta a los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)”, expresó Luis Hernández Martínez, fundador de la organización Alta Dirección Jurídica.
Coincidió en que López Obrador puede manifestar su inconformidad respecto al resolutivo, pero insistió en que con el equilibro entre los tres poderes se pueden ejercer cauces legales que sus asesores jurídicos deben conocer.
Lee también: Reforma eléctrica: Un error que pueden salir caro, coinciden expertas
“No es el primer presidente que tiene un revés ante una reforma constitucional y no es el primero que amenaza con modificar la constitución. Desde la reforma a los derechos humanos, en 2011, se ha venido cambiando la manera en que se estudia, analiza y materializa el derecho en el país.
Antes era costumbre que se dictaran sentencias con base en lo que dijera la ley, del 2011 para acá esto ha cambiando a emisiones de sentencia basadas en principios y valores. Hay gente, como la que encabeza el Poder Ejecutivo, que se quedó en otra época y no entiende la modernidad de la jurisprudencia y de los fallos judiciales”, enfatizó.