Análisis | El “no” eterno para dar a conocer el estado de salud del presidente

En México, conocer el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de los funcionarios que lo acompañan en el ejercicio del poder, no está al alcance de los ciudadanos pues se considera “información confidencial”.

Y lo mismo sucede en el resto de América Latina, una región en la que la divulgación de los expedientes sanitarios de los presidentes y jefes de estado se guarda a siete llaves.

A tal grado llega la situación que muchos periodistas han tenido que recurrir, en donde las haya, de herramientas e instituciones de transparencia y acceso a la información, así como a instancias judiciales, para conocer del estad de salud de los mandatarios, sobre todo en el contexto de la pandemia del coronavirus.

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En Brasil, por ejemplo, el año pasado se conoció la determinación de la Corte Suprema que ordenó a la Presidencia de ese país a presentar los resultados de las pruebas a las que se sometió Jair Bolsonaro tras haber dado positivo al Covid-19.

En un país que no tiene una agencia como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (el INAI que quiere desaparecer López Obrador), periodistas del diario O Estado do Sao Paulo mantuvieron un proceso jurídico que llegó a la máxima instancia para tener acceso al expediente de Bolsonaro.

Caso contrario en México en el que, a pesar de la mediación del INAI, ciudadanos y periodistas se han topado con pared al solicitar información similar respecto del presidente y su gabinete.

La negación más reciente llegó por boca del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell quien, desde su propio confinamiento, dada su cercanía con AMLO, quien anunció que dio positivo a Covid el domingo pasado, afirmó que no se darán detalles del estado de salud del presidente, a pesar de que se encuentra en la población de mayor riesgo frente al coronavirus.

En su conferencia de prensa (dada ahora por teleconferencia y no en vivo desde Palacio Nacional, López-Gatell dijo: “No vamos a dar a conocer ningún detalle clínico (del estado de salud del presidente) porque eso es un detalle de su privacidad”.

En un caso, por ejemplo, el sitio Latinus.us, reveló la semana pasada que AMLO y la mayoría de su gabinete “ocultan cuántas pruebas de detección de Covid-19 se han realizado con recursos públicos desde el 27 de febrero y cuáles fueron los resultados”.

El argumento, dice la nota es que se trata de “información confidencial”.

Entre las respuestas que Latinus.us obtuvo figuran que la información es confidencial (10 dependencias); así como que la información solicitada no se localizó, pero que no se entregaría en caso de que la tuvieran. Inclusive, dice el sitio, en el caso de la Secretaría de Salud, la respuesta fue: “la aplicación de las pruebas de detección son parte del expediente clínico de los funcionarios Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y Jorge Alcocer”, titular de la dependencia.

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En el caso de Brasil, un país en donde el propio gobierno controla el acceso a la información (al no tener un órgano como el INAI), los periodistas Lorenna Rodrigues y Rafael Moraes, consiguieron, tras una batalla legal por meses, que la Corte Suprema ordenara la entrega de los resultados de los tests de Bolsonaro, quien dio positivo al Covid a los pocos días de haber realizado un viaje a Florida para una visita a Donald Trump.

Los jueces, dijo Moraes en un foro sobre acceso a la información, determinaron que conocer la salud del presidente es de interés público. “Es un precedente sólido”, dijo el periodista, enfatizando que el veredicto de la Corte Suprema se mantendrá y aplicará para los sucesores de Bolsonaro.

Conocer el estado de salud del presidente ha sido una constante en México desde hace décadas. En años recientes, mucho se insistió, sobre todo con argumentos políticos, en que se revelara las condiciones sanitarias De Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el propio López Obrador.

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Inclusive, en algunos casos, la exigencia se ha hecho por conocer la salud mental de los presidentes. Ello ha derivado en propuestas a nivel legislativo, como es el caso de diputados federales del PAN que propusieron una reforma para conocer la salud mental del presidente López Obrador en septiembre de 2020.

“Se peligra la soberanía y seguridad nacional cuando los funcionarios encargados de protegerla, en todos los niveles del Estado, no están en condiciones de hacerlo, pudiendo poner en peligro la misma existencia del Estado”, dijo el grupo parlamentario del PAN.

En esa ocasión, los legisladores panistas informaron que, tal como lo hizo Latinus, se tenía el registro de por lo menos siete solicitudes de información pidiendo el expediente clínico, la valoración médica y los resultados de las pruebas físicas realizadas a AMLO.