El juicio contra las empresas de armas de EU por los crímenes en México se reactiva

La batalla legal de México contra 11 empresas que fabrican armas en los Estados Unidos tendrá un nuevo episodio este lunes. Ante una Corte Federal de Distrito en Massachusetts, Boston, las compañías de armamento expondrán sus argumentos sobre por qué este juicio legal no puede proceder.

En una primera etapa la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya explicó cómo la producción y venta de armas en Estados Unidos ha afectado a México. Desde el 2006 en nuestro país se han registrado más de 379 mil homicidios y el gobierno mexicano reclama que una parte de esos crímenes se cometió debido al tráfico ilegal de armas que hay en el norte.

El equipo jurídico de la SRE va más allá e incluso alega que las empresas de armamento saben que sus productos pueden ser utilizados para cometer delitos en México, pero aún así no le han puesto candados a la comercialización.

“Las empresas demandadas conocen la situación del tráfico de armas. ¿Cómo lo saben? Ellas tienen acceso a información de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego sobre el rastreo que hay de las armas que se encuentran en las escenas del crimen en México y dónde es su origen”, señaló Wilma Gandoy, adscrita a la Consultoría Jurídica de la SRE, en un foro de discusión del pasado viernes. “Ellos saben perfectamente cuáles son los distribuidores que están involucrados en prácticas irregulares y aún así les surten de producto”.

Las compañías que México ha demandado son: Colt’s Manufacturing Company, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Smith & Wesson, Century International Arms, Glock Ges.m.b.H, Sturm, Ruger & Co, Beretta Holding, Glock, Inc, Interstate Arms y Witmer Public Safety Group.

Hoy estas empresas tendrán la oportunidad de defenderse ante la corte de Massachusetts. Uno de sus principales argumentos para echar atrás la demanda de México es la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), en la cual se indica que no se pueden ejercer acciones de responsabilidad civil contra las compañías por daños que un tercero cometa con sus productos.

Sin embargo, el equipo jurídico de la SRE responde que dentro de la PLCAA hay una excepción de negligencia, la cual estipula que no se protege a las compañías si éstas no tienen cuidado al momento de producir y distribuir sus armas. Para acreditar la falta de cuidado, el gobierno mexicano ha puesto de ejemplo que las empresas venden reiteradamente armas de alto calibre al mismo comprador o elaboran diseños atractivos para los integrantes de la delincuencia organizada.

“Todos estos patrones de diseño, comercialización, marketing y distribución demuestran que las empresas no solo han omitido modificar estas prácticas a sabiendas de que resultan en el tráfico evidente de sus productos hacia nuestro país, sino que insisten en ellas y las reiteran”, expresó Liliana Oliva, integrante de la Consultoría Jurídica de la SRE.

Las empresas estadounidenses debían presentar sus argumentos en contra de la demanda de México el pasado 28 de febrero, pero el juez de la corte de Massachusetts amplió el plazo hasta este 14 de marzo para que las compañías fijaran su postura.

Las compañías de armas también se respaldan en que la PLCAA les brinda inmunidad, sin embargo, la Consultoría Jurídica de la SRE reclama que esta legislación solo es válida para Estados Unidos y no para México.

La demanda de México ha sido apoyada por 14 procuradores estatales y 26 fiscales de distrito de Estados Unidos. Los funcionarios de ese país respaldaron los argumentos de México y reiteraron que PLCAA no tiene validez en el extranjero.

La denuncia que el gobierno mexicano interpuso desde el 4 de agosto del 2021 es de carácter civil, es decir, no busca que se encarcele a nadie por el tráfico de armas que ha surgido a raíz de de un posible acto de negligencia. Lo que quieren las autoridades de nuestro país es que las compañías reparen el daño por todas las muertes y violencia que las armas de Estados Unidos han producido, además de que las empresas tengan más cuidado al momento de producir y distribuir sus productos.

Alejandro Celorio, funcionario de la SRE y quien encabeza esta demanda, estimó en un evento organizado por el Colegio de México (Colmex) el pasado 1 de febrero que cada año son 17 mil homicidios los que se producen en nuestro país a consecuencia de las armas que provienen del norte.

La SRE no ha dado a conocer cuál es la compensación económica que México espera recibir como reparación del daño en caso de ganar la demanda, pero dentro de su equipo jurídico equipo hay confianza en que el caso que se reanuda este lunes puede ganarse.

“Creemos que hay grandes posibilidades de que este litigio prospere porque hay otros casos similares donde entidades gubernamentales han demandado a las empresas. Tenemos los casos de tabacaleras, los casos de contaminación transfronteriza, los casos de opioides y también en el tema de armas”, aseveró Wilma Gandoy.