AMLO publica decreto por el cual la Sedena toma el control de la Guardia Nacional
Elementos de la Guardia Nacional. Foto: EFE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asume el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

El documento salió en la edición vespertina del DOF de este viernes 10 de septiembre y se dio luego de que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaran las reformas.

Así, a partir de la publicación del decreto, la Sedena tomó el control de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Este viernes 8 de septiembre, durante un acto en Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya presentí a Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, como encargado de la operación de la Guardia Nacional.

“Y aquí está conmigo Luis Cresencio Sandoval, el general secretario de la Defensa, y él es el encargado de la operación de la Guardia Nacional, y ya hemos tomado nota para que se puedan crear, construir los cuarteles de la Guardia Nacional para que haya paz y haya tranquilidad para toda la familia, para todos”, señaló el mandatario durante la conferencia de prensa del Plan de Justicia para el Pueblo O’dam, en Durango.

La integración de la Guardia Nacional a la Sedena ha sido crítica por organismos defensores de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y la Alta Comisionada interina de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quienes consideraron que se generará un mayor número de violaciones a los derechos de los mexicano.

En un comunicado, “Amnistía Internacional rechaza categóricamente la decisión de las y los senadores de legalizar la militarización de México”.

Mientras, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó también su preocupación por la aprobación de esta reforma y consideró que es un “retroceso” para la seguridad pública basada en los derechos humanos.