Exdirectora del INVI en Baja California Sur es vinculada por ‘autoliquidarse’

Rosalva Cuadras, exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI), fue vinculada a proceso por presuntamente “autoliquidarse” con la cantidad de un millón 781 mil 212 pesos en Baja California Sur.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Cometidos por Servidores Públicos aportó datos de prueba con los que se obtuvo la vinculación a proceso.

“(Es) un hecho que la ley señala como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento de un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Baja California Sur”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Rosalva Cuadras presuntamente cometió el ilícito el pasado 9 de septiembre de 2021, por lo que se inició una carpeta de investigación, se llevaron a cabo las indagatorias y diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

El miércoles 12 de octubre, en la audiencia inicia contra la exdirectora del INVI en Baja California Sur, que se efectuó en el Centro de Justicia Penal de La Paz, el Juez de Control, se le impuso como medida cautelar y obligatoria la firma periódica, además, se otorgaron tres meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con el medio BCS Noticias, este hecho fue criticado por su sucesora Fernanda Villareal, quien anteriormente anunció que procedería legalmente. La funcionaria también señaló que Cuadras habría beneficiado a sus familiares, incluyendo a su pareja sentimental.

Polémicas en el gobierno de Baja California Sur

El pasado 28 de septiembre, Erik Murillo, Perla Cota y Diego Soto, periodistas del portal BCS Noticias, de Baja California Sur, fueron presentados ante un juez de control luego de denunciar en nepotismo de una funcionaria pública en el estado.

A los periodistas se les acusa de violar la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, debido a que la Fiscalía mencionó que la publicación del medio, donde se abordó la vida y función pública de una militante del PT, “quien había sido beneficiada simultáneamente junto a un familiar con una candidatura a diputación federal”, provocó un impacto negativo.

Además de Erik Murillo, Perla Cota y Diego Soto, dos personas más de otros medios informativos fueron citadas a la audiencia porque se busca imputarles el mismo delito.

El 5 de septiembre, miembros del equipo de BCS Noticias fueron notificados de una audiencia en la FGR, este miércoles 28 de septiembre a las 9:15 horas, en la cual se buscaría su vinculación a proceso por un delito que tiene una pena de cuatro hasta seis años y 300 días de multa.

Arlene Morerno Maciel, militante del PT y funcionaria del gobierno de Víctor Castro Cosío, interpuso la denuncia y alegó violencia política, luego de que se publicó en el portal una nota que exhibió el presunto tráfico de influencias y nepotismo para la obtención de una candidatura plurinominal en el proceso electoral de 2021.

Mercedes Maciel, madre de la funcionaria, está involucrada en el caso y actualmente se desempeña como delegada federal de la Secretaría del Trabajo. Mientras que, en 2021, se señaló que al igual que su hija, había sido favorecida de forma simultánea con diputaciones federales, sin embargo, en su momento, ambas negaron de forma pública que Moreno Maciel se beneficiaría de esa posición y destacó que su desistimiento fue la violencia provocada por los medios de comunicación.

La funcionaria interpuso la queja a principios de año y advirtió que buscaría la reparación del daño por la vía civil.