La FGR va contra periodistas de <i>BCS Noticias</i>: ‘Hoy no trabajamos. Estamos en juicio’
Erik Murillo, Perla Cota y Diego Soto, periodistas del portal BCS Noticias. Foto: Especial

Erik Murillo, Perla Cota y Diego Soto, periodistas del portal BCS Noticias, de Baja California Sur, fueron presentados ante un juez de control luego de denunciar en nepotismo de una funcionaria pública en el estado.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su preocupación ante la acción de la Fiscalía General de la República (FGR) e hizo un llamado a que la autoridad judicial dé prioridad a los medios previstos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

“Los periodistas de Baja California, Erick Murillo, Perla Cota y Diego Soto serán presentados hoy por la FGR ante un Juez de Control para ser vinculados a un proceso por ejercer su labor”, señaló RSF en redes sociales.

A los periodistas se les acusa de violar la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, debido a que la Fiscalía mencionó que la publicación del medio, donde se abordó la vida y función pública de una militante del PT, “quien había sido beneficiada simultáneamente junto a un familiar con una candidatura a diputación federal”, provocó un impacto negativo.

Además de Erik Murillo, Perla Cota y Diego Soto, dos personas más de otros medios informativos fueron citadas a la audiencia porque se busca imputarles el mismo delito.

Ante la situación, BCS Noticias optó por no laborar el día de hoy y compartió una imagen con la frase “Hoy no trabajamos. Estamos en juicio”.

“Por primera vez en casi 10 años desde la fundación BCS Noticias decide parar, para atender la audiencia inicial con un juez federal”, señaló el medio.

Erik Murillo, director del medio, señaló que desde que comenzó el 2022, su equipo se ha enfrentado a diversas denuncias, lo que provocó que su trabajo mermara.

“Hay mucho en juego, principalmente nuestra libertad y la libertad para informar a la gente de cosas que deberían de saber. El sistema de justicia decidió que entre miles de casos que hay dormidos en las fiscalías, el enjuiciar a periodistas era prioridad”, señaló Murillo en un video que publicaron en redes sociales.

Perla Cota destacó su compromiso de mantenerse dentro del profesionalismo que desarrolló durante varios años de trabajo.

Por su parte, Diego Soto mencionó que al igual que sus compañeros se encontraba preocupado porque actualmente no hay condiciones para ejercer el periodismo.

También agradeció a la Secretaría de Gobernación (Segob) por incluirlo en el Mecanismo de Protección a Periodistas, pero declaró que eso no garantiza ni su seguridad ni la de su familia.

“Lo preocupante es que se utilice el aparato de gobierno para acosarnos, perseguirnos y vulnerar un derecho humano que es la libertad de expresión. Diferir en pensamiento no debe ser motivo para meter a la cárcel a un periodista”, sostuvo Cota.

El pasado 5 de septiembre, miembros del equipo de BCS Noticias fueron notificados de una audiencia en la FGR, este miércoles 28 de septiembre a las 9:15 horas, en la cual se buscaría su vinculación a proceso por un delito que tiene una pena de cuatro hasta seis años y 300 días de multa.

Arlene Morerno Maciel, militante del PT y funcionaria del gobierno de Víctor Castro Cosío, interpuso la denuncia y alegó violencia política, luego de que se publicó en el portal una nota que exhibió el presunto tráfico de influencias y nepotismo para la obtención de una candidatura plurinominal en el proceso electoral de 2021.

Mercedes Maciel, madre de la funcionaria, está involucrada en el caso y actualmente se desempeña como delegada federal de la Secretaría del Trabajo. Mientras que, en 2021, se señaló que al igual que su hija, había sido favorecida de forma simultánea con diputaciones federales, sin embargo, en su momento, ambas negaron de forma pública que Moreno Maciel se beneficiaría de esa posición y destacó que su desistimiento fue la violencia provocada por los medios de comunicación.

La funcionaria interpuso la queja a principios de año y advirtió que buscaría la reparación del daño por la vía civil.

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