Diputados denuncian a Samuel García por embargar cuentas de 25 municipios

Diputados federales del PRI y PAN por Nuevo León denunciaron al gobernador Samuel García Sepúlveda ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por impedir, obstaculizar y retrasar la entrega de recursos a 25 municipios.

Según la denuncia, dirigida al auditor superior David Colmenares, el mandatario de Nuevo León “llevó a cabo el injustificado requerimiento, embargo y ejecución de las cuentas bancarias de los municipios”, lo que contraviene a la Constitución mexicana y demás legislación.

Los municipios afectados son Guadalupe, Doctor Arroyo, Doctor González, Galeana, Hualahuises, Iturbide, Aramberri, Agualeguas, Montemorelos, Santiago, Bustamante, General Bravo, General Treviño, Higueras, Lampazos de Naranjo, Linares, Parás, Pesquería, Rayones, Apodaca, Juárez, Allende, Santiago, Cadereyta Jiménez y San Nicolás de los Garza.

“Es de señalarse que los hechos irregulares cometidos por Samuel García corresponden a actos contrarios a la legalidad efectuados en forma dolosa, arbitraria arbitraria y temeraria, con fines meramente políticos contra dichas municipalidades”, se mencionó en el documento.

Además, se destacó que García aún no efectúa las transferencias de recursos públicos correspondientes a aportaciones federales del Ramo 33 de Infraestructura, así como del Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), relativos a seguridad, destinados normativamente a los municipios.

También comentaron que el pasado 31 de octubre, Samuel García requirió a los 25 municipios el pago inmediato de un supuesto incumplimiento por concepto del impuesto sobre nóminas.

Y el 3 de noviembre, presuntamente el gobernador de Nuevo León ordenó la ejecución y embargo de las cuentas bancarias, de ahorro, cheques e inversión, fideicomisos y cajas de seguridad de los municipios, “dejándolas arbitrariamente en un estado de inoperancia” para satisfacer las necesidades de los habitantes.

“Siendo que esta entidad administrativa y política es la base y fundamento del Estado Mexicano a la que corresponde administrar y suministrar los servicios básicos que requiere la ciudadanía y, ante esta acción, queda ahora sin posibilidades financieras para satisfacer las necesidades de sus habitantes, tales como seguridad pública, alumbrado, servicios de recolección de basura y compromisos económicos, entre otros, lo que significa un grave impacto social y de seguridad para sus comunidades”, se comentó en la carta.

Por lo que se solicitó que se emprenda la revisión a los “actos irregulares denunciados” y que se rinda un informe ante la Cámara de Diputados.

Finalmente pidieron que se promuevan las acciones legales y que en su caso correspondan para fincar las responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar.

Los diputados que firmaron la carta son María de Jesús Aguirre Maldonado, Karina Barrón Perales, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza, José Luis Garza Ochoa, Héctor Israel Castillo Olivares, Wendy Maricela Cordero González, Annia Gómez Cardenas, Víctor Manuel Pérez Díaz y Pedro Salgado Almaguer.