Empresa suma a exfuncionaria de Presidencia y sus contratos con el gobierno aumentan 10 veces
Foto: juliangvm / Pixabay

Las empresas B-Drive It y Engine Core, las cuales están vinculadas entre sí, se han visto favorecidas con más de 50 contratos de 2020 a la fecha con ganancias por alrededor de dos mil 789 millones de pesos

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que este incremento en contratos gubernamentales para ambas empresas coincide con el nombramiento de Claudia Elena Pérez García como apoderada legal de B-Drive It.

Pérez García trabajó junto a Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hasta el 31 de octubre de 2019 y una de sus funciones era la supervisión de licitaciones y adjudicaciones de contratos por parte de la Presidencia, explicó el reportaje de firmado por Vanessa Cisneros y Blanca Corso..

Apenas unos meses después de separarse de su cargo, en agosto de 2019, se incorporó como apoderada legal de B-Drive It, empresa que se constituyó en 2016 en la Ciudad de México.

Desde que dejó de ser funcionaria, tras once meses de trabajar con el secretario particular de AMLO, la empresa B-Dirve ha recibido 55 contratos por parte del Gobierno Federal por 828 millones de pesos, al tiempo que Engine Core, una compañía de reciente creación, se ha beneficiado con cuatro contratos de casi 2 mil millones de pesos.

Previo al 2020, la empresa B-Drive It era una desconocida entre los proveedores de servicios en el sector público, pues sólo había celebrado siete contratos (cinco en 2019 y otros dos en 2018) con el gobierno por un monto de 66.5 millones de pesos, cifra doce veces menor al que recibieron de 2020 a la fecha.

Antes de que Pérez García fuese nombrada apoderada legal de B-Drive It, esa función la realizaba Héctor Sergio Mendoza Ortiz, otro exfuncionario federal que se encargaba de las adjudicaciones y licitaciones de la Coordinación General @prende.mx, una plataforma de cursos en línea gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mendoza Ortiz dejó su cargo en febrero de 2019 y en ese mismo año aparecía su firma como apoderado legal de la empresa.

Ni Pérez García, ni Mendoza Ortiz cumplieron con el tiempo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fija un plazo de 12 meses que debe pasar desde el momento que abandonaron sus cargos públicos para incursionar en ámbitos privados relacionados a la función que tenían en el gobierno, a fin de evitar conflicto de intereses, resaltó el texto.

Cuando las encargadas de la investigación cuestionaron a Aldo Córdova, director general de B-Drive It y Engine Core, respecto a este incremento reciente en los contratos que ha recibido sus empresas, respondió que esto se debe al bajo costo que ofrecen por sus servicios.

“La razón principal de nuestro incremento en contratos se basa en que nuestro margen es sumamente bajo y en que hemos aportado soluciones tecnológicas innovadoras, de alta calidad a un precio justo. Pueden constatar que; la clara mayoría de lo que hemos ganado es por precio, teniendo un margen pequeño pero que nos permite operar y crecer nuestra gente y a su vez, apalancar y mejorar nuestra oferta en el mercado privado. Esto seguramente molesta a algunos competidores”, dijo Córdova a MCCI.

Síguenos en

Google News
Flipboard