¿Qué es el ‘plan b’ y cuáles son los principales cambios? 

El “plan b” -contra el que se manifestaron miles el domingo- consiste en un paquete de cinco reformas a leyes electorales y la sustitución por una nueva ley respecto a otra ya existente. Este plan se impulsó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que no se lograra mayoría calificada (tres cuartas partes del Congreso) para una reforma constitucional.

Dos de esas reformas ya fueron publicadas: el 27 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ambas en materia de propaganda gubernamental, con entrada en vigor inmediata.

¿Pero qué contiene este plan b? Aquí te presentamos los puntos clave:

“Plan b” recorta personal del INE

Una vez que se publique el “plan b”, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, deberá separarse del cargo.

Así mismo, se elimina la Junta General Ejecutiva, un órgano ejecutivo y técnico, que propone al Consejo General las políticas y los programas generales del INE, así como los procedimientos administrativos.

En lugar de la Junta, crea la Comisión de Administración, con cinco consejeros.

Además, se reduce de 300 a 260 los órganos distritales en periodo no electoral. 40 se agregarían en elecciones.

También se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral.

Elimina las 300 Juntas Ejecutivas Distritales (JED) que son las encargadas de realizar el trabajo sustantivo, en todo el territorio nacional, para la preparación, organización y celebración de elecciones. En lugar de esos 300 cuerpos ejecutivos colegiados se propone que exista, en el mejor de los casos, una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (vocalía operativa).

La reducción de las juntas implica un recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional, cargos que son elegidos por concurso. Esto se traduce en más de mil 500 plazas que son eliminadas, de acuerdo con el INE.

El plan b contempla reducir la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales que, de cinco vocalías pasan a tres al eliminar la Vocalía Secretarial y fusionar la de Organización Electoral con la de Capacitación y Educación Cívica, recortando 262 plazas, 96 de las cuales son del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Cambia fechas

La elección comenzaría la tercera semana de noviembre 2023 y no en septiembre.

Los cómputos electorales iniciarían desde las 18 horas del día de la elección y no el miércoles, lo que podría provocar la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Extingue fideicomisos

El plan b extingue el fideicomiso de pasivo laboral y el de infraestructura inmobiliaria del INE, con el cual se compraban edificios para la operación del instituto en los estados.

La extinción del primero servirá para cubrir posibles indemnizaciones y liquidaciones de integrantes del Servicio Profesional Electoral.

Disminución de recursos con “plan b”

El “plan b” disminuye recursos para capacitar a los funcionarios de casillas.

Al reducirse la estructura de las Juntas Locales, que la reforma plantea, se afectaría la operación de 143 Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), 128 de los cuales están instalados en las Juntas Ejecutivas Distritales (89.5%). Estos centros son los encargados de controlar los tiempos de la pauta electoral en radio y televisión. 

Además, para los consejeros, se obliga a una retabulación para que ninguno gane más que el presidente de la República.

Partidos salen ganando

Con el “plan b”, los partidos puedan guardar los remanentes de recursos, ya sean públicos o privados, que no utilicen en un año para el periodo siguiente. Actualmente están obligados a devolverlos a la Tesorería de la Federación.

Cambia concepto de propaganda

Las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), publicadas el 27 de diciembre de 2022, le dan a la propaganda gubernamental un cariz predominantemente presupuestal, de tal manera que lo que no se etiquete como tal por los entes públicos obligados no se considerará propaganda, aunque implique el uso de recursos públicos.