La Suprema Corte admite controversia del INE contra ‘plan b’ electoral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la primera controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la primera parte del “plan b” de reforma electoral, recién aprobado por el Congreso de la Unión.

Según la lista de acuerdos de la Suprema Corte, la demanda de controversia constitucional fue admitida el pasado 27 de febrero por el ministro Alberto Pérez Dayán.

“Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que indica y, con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas impugnadas, atribuibles respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, en su caso, puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, se lee en la resolución del ministro.

La controversia constitucional del INE se presenta en contra de las cámaras de Diputados y de Senadores, del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

De acuerdo con el documento, la autoridad electoral considera que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas producen una violación directa a las funciones del INE y, por lo tanto, a la Constitución Política.

“El decreto combatido (plan b) obstaculiza la función que realiza (el INE) con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, alega el instituto en su demanda.

El ministro Pérez Dayán también admitió a trámite la controversia que interpuso el municipio de Chihuahua (Chihuahua) contra la Ley General de Comunicación Social por el presupuesto en campañas de difusión.

Esta es la primera de 60 controversias promovidas por municipios gobernados por partidos de oposición contra las recientes reformas electorales.

Los trámites se dan después de que Pérez Dayán admitió la semana pasada seis acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos y legisladores de oposición. El ministro también concedió una suspensión contra el “plan b” de la reforma para que no se aplique en los procesos electorales de 2023 en Coahuila y el Estado de México.

Ante las resoluciones, la Presidencia de la República dio a conocer esta semana que impugnó la suspensión y acusó a Pérez Dayán de realizar un “fraude” a la Constitución.