SCJN prohíbe a militares intervenir comunicaciones sin autorización de un juez
Este fallo de la SCJN tendrá efectos retroactivos, por lo que quedarán inválidos todos los juicios basados en pruebas obtenidos por intervenciones a comunicaciones privadas.
Este fallo de la SCJN tendrá efectos retroactivos, por lo que quedarán inválidos todos los juicios basados en pruebas obtenidos por intervenciones a comunicaciones privadas.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones del Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP) y del Código de Justicia Militar, a fin de impedir que militares intervengan comunicaciones privadas, sin autorización previa de un juez federal.
Al alcanzar la mayoría calificada de ocho votos necesaria, las y los ministros aprobaron la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales de declarar la invalidez de los artículos 291, 295, 296 del CMPP y la fracción VII del artículo 81 bis del Código de Justicia Militar.
Lo anterior, producto de una acción de inconstitucionalidad 46/2016 que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de los artículos mencionados previamente.
En su proyecto, el ministro de la SCJN señaló que los artículos 291, 295, 296 del Código Militar de Procedimientos Penales transgreden los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que no precisa si las intervenciones a comunicaciones privada abarcan únicamente a militares o civiles.
“Los artículos 291, 295 y 296 del Código Militar de Procedimientos Penales contienen un vicio de inconstitucionalidad al formar parte de un sistema que permite un amplio margen de apreciación, toda vez que no es posible discernir el alcance de la facultad de intervención de comunicaciones privadas, es decir, la norma no establece si la intervención sólo puede efectuarse respecto de militares o si también abarca comunicaciones privadas de civiles”, refirió en su proyecto aprobado por unanimidad.
Durante la sesión del Pleno de la SCJN de este lunes, el ministro Aguilar Morales precisó que la declaración de invalidez surtirá efectos retroactivos a partir del 17 de mayo de 2016, fecha en que entró en vigor del decreto impugnado.
Por lo que, aquellos juicios que estén fundamentados con pruebas obtenidas a partir de la intervención de comunicaciones privadas, sin la autorización previa de un juez federal, quedarán invalidados.
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