Armenta defiende sesión ‘fast track’ en el Senado: fue legal y las reformas están firmes

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, defendió la sesión que se llevó a cabo la madrugada de este sábado 29 de abril y en la cual fueron aprobadas alrededor de 20 leyes y reformas “al vapor”.

El senador de Morena fue cuestionado por reporteros esta tarde, luego de la instalación de la Comisión Permanente, sobre la posibilidad de que los opositores impugnen leyes y reformas aprobadas en fast track, cuando ellos tenían tomada la tribuna de la Cámara alta.

En primer lugar, Armenta aclaró que la sesión se llevó a cabo en un recinto legislativo oficial, el Palacio de Xicoténcatl, bajo acuerdo de la Mesa Directiva.

“La sesión de ayer es absolutamente legal y legítima. Hicimos los procedimientos de manera escrupulosa, nos instalamos en Mesa Directiva y se aprobó un acuerdo por mayoría en el que se definió el recinto en caso de no haber condiciones para sesionar, tal como dice la ley”, señaló el legislador.

“Pudimos haber sesionado en Querétaro y era legal; hubo legalidad en el acuerdo y en el recinto”, agregó.

Respecto a las reformas y leyes aprobadas, Armenta sostuvo que todo está firme, aunque mencionó que los grupos parlamentarios tienen derecho a proceder en caso de que lo consideren necesario.

“Los grupos parlamentarios están en su derecho de presentar cualquier recurso, nosotros somos respetuosos con la ley y las reformas están firmes, (al menos) desde nuestra óptica”, enfatizó.

Entre las reformas y leyes aprobadas en el Senado ─sin análisis ni discusión─ destacan la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y de Financiera Rural.

Otros dictámenes dan al Ejército ingresos económicos por turismo y el control indefinido del Tren Maya. También se avaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esté a cargo de una nueva aerolínea y del control del tráfico aéreo.

Asimismo, los senadores de Morena y sus aliados avalaron disminuir el tiempo de concesiones a mineras y vetar del servicio público a personas con antecedentes de deuda alimentaria y violencia contra las mujeres.