Cárceles en México: un epicentro de la violencia sexual infantil

La excursión al acuario empezó con llantos. Desde el primer minuto, uno de los niños del grupo no paraba de llorar. Era César*, tenía casi dos años. La conclusión inmediata: seguro extraña a su mamá. “Se le va a quitar”, pensó Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta, organización que trabaja con mujeres y niños en prisión. 

Las horas pasaron y el llanto no paró. Sería mejor regresar a César al centro penitenciario, donde vivía con su madre. Lo llevarían después de que otro niño del grupo visitara al pediatra en la Ciudad de México, porque tenía síntomas de neumonía. Tenían poco de haberse ido cuando Niño de Rivera recibió una llamada, era el médico. 

“Me dijo: ‘Saskia, ya revisé al niño y sí tiene un tema de neumonía, lo receté, pero me preocupa más el otro. No dejaba de llorar, lo revisé y tiene dilatación anal por posible violación’”. Hablaron con las autoridades, denunciaron el hecho e investigaron. En un penal mixto, la mamá se cruzaba al área de hombres, donde dejaba encargado a César. Probablemente ahí fue violado.

El caso de César, descubierto a mediados de 2019, no es el único. Aunque México carece de una estadística oficial sobre la cantidad de niños que han sido víctimas de violencia sexual en centros penitenciarios, es una problemática real. En los últimos meses, Reinserta ha documentado más casos: Carla, Miguel, Dany*... Y no sólo de niños que nacieron o viven sus primeros años en prisión, también de aquellos que visitan regularmente a sus familiares. 

“La condición que tienen las niñas y los niños dentro de las prisiones no está valorada, no es tomada en cuenta, es como invisible”, asegura Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac). Dos factores complican conocer la magnitud del problema: el primero, los delitos sexuales son de los que menos se denuncian. “Y el abuso sexual infantil, en especial, es el delito menos denunciado”, agrega la presidenta de Reinserta. El segundo, la propia reclusión influye en que no se inicie un proceso legal.

Dulce María Mejía, directora general de Protección y Restitución de Derechos de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no cuenta con datos sobre delitos sexuales contra niños en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso)  de Morelos, el único federal que existe para mujeres. “Traemos la obligatoriedad de verificar que los niños que estén con sus madres privadas de la libertad no se encuentren vulnerados de sus derechos”, explica. “Nosotros hasta el momento no hemos encontrado ninguna situación (de violencia sexual)”.

Lo mismo ocurre en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nashieli Ramírez, presidenta del organismo, detalla que actualmente tienen 12 quejas vinculadas con niños que viven en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Están relacionadas con la salida de los menores por determinación judicial o del comité técnico del DIF, falta de alimento, ausencia de atención médica, ubicación de los niños en el penal, muerte por complicación en el parto y dos por Covid-19. “No tenemos ninguna que específicamente nos hable de abuso”.

La falta de registros oficiales complica la atención del problema. Los especialistas coinciden: si el problema no se ve, no se hace mucho por resolverlo. Así se genera un círculo vicioso. 

Proteger, obligación del Estado

Dany nació en la cárcel. Sus papás son personas privadas de la libertad por prostituir, violar y asesinar a sus otras dos hijas, quienes tenían nueve meses y dos años. Vivió con su madre durante sus primeros años, hasta que el DIF las separó tras identificar que era víctima de violencia física.

“Cuando el DIF nos la entrega a nosotros, hacemos valoraciones y en la valoración que hicimos psicométrica y neurológica salía que tenía temas de violencia sexual”, describe Niño de Rivera. “¿Cómo? En la visita conyugal, la mamá se llevaba a la niña a ver al papá y ahí la violentaban. Y luego nos enteramos que cuando se la quitaron, la mamá se volvió a embarazar”. El cuarto hijo nació hace unos días. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad gozarán del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; al derecho de prioridad; a vivir en familia; igualdad sustantiva; a no ser discriminados; a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral; protección de la salud; a la educación inicial; y al descanso y esparcimiento. Que tengan los mismos derechos y posibilidades de crianza que un niño fuera de prisión. 

Para Martínez Rodríguez, el sistema penitenciario y el gobierno federal tendrían que revalorar la situación de las mujeres que tienen hijos o, incluso, se embarazan dentro de prisiones. “De lo que se trata es de que las niñas y niños tengan una condición de vida adecuada y sin maltrato, porque estar ahí adentro ya es un maltrato por lo que se pueda dar dentro de la prisión. Son niños olvidados, invisibles para la sociedad y están viviendo violencias muy fuertes. Creo que sí se tendría que valorar también desde la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los que deberían de moverse para ver esta condición es el secretariado técnico de la ley: el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna)”. 

Niño de Rivera lo tiene claro: la prohibición no es la solución. “Un niño que nace y vive en prisión con su mamá tiene derecho a estar en prisión hasta los tres años. La obligación del Estado es proteger a ese niño y que pueda desarrollarse en las mejores condiciones”.

El riesgo de ir de visita

Carla vive con su mamá en el norte del país. Fue víctima de violación por parte de su padre, quien se encuentra en prisión por este delito. Durante algunos meses no tuvieron contacto, pero luego de un tiempo el padre comenzó a buscarlas. “El esposo empezó a amenazar a la madre diciéndole que no le daría dinero si no lo iba a visitar a la cárcel y si no lleva a Carla a la visita”, cuenta la presidenta de Reinserta. 

Es un modus operandi que se da principalmente cuando los agresores forman parte de la familia. “Son varias las niñas y los niños que son llevados por sus propios papás a visitar al agresor dentro de la cárcel”. 

Adivac también ha registrado casos similares. “Tuvimos un caso muy relevante de que la mamá llevaba a la hija a ver al papá, que fue quien la violó. La niña siempre que entraba y salía del reclusorio no oía, no escuchaba”, describe Martínez Rodríguez. “La llevó al doctor, la revisaron y físicamente estaba bien, pero cuando la niña veía al papá ya no oía. Acá quienes no deben llevar a los niños con sus papás que los violaron son las mamás. Tienen que entender que enfrentar a la niña o al niño con su papá, llevarlos para que los vea, sí genera a los niños mucha confusión”. 

Un protocolo de visitas para niños, capacitación para que los guardias de las prisiones puedan detectar la revictimización, reformar la ley para impedir que los menores estén en visitas con agresores sexuales, contar con infraestructura adecuada en los penales para atender a los niños y buscar los mecanismos legales para regular la violencia sexual son algunas de las propuestas que están sobre la mesa para solucionar esta problemática.

La principal, enfatizan los especialistas, es reconocer que el medio millón de niños que están en contacto con el sistema penitenciario se encuentran en situación de vulnerabilidad todos los días.

*Son nombres ficticios usados para proteger el interés superior de la niñez.