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Realeza

Revelación: La reina Isabel II presionó para cambiar una ley y poder ocultar su riqueza

La monarca envió a un abogado privado para asegurarse la exención de la ley de transparencia.

El abogado personal de Isabel II presionó a los ministros de Edward Heath para que alteraran una ley que habría revelado el valor de sus acciones al público, demuestras documentos del gobierno. Imagen: Guardian Design Team

La reina Isabel II realizó con éxito una serie de presiones sobre el gobierno para que cambiara un proyecto de ley con el fin de esconder su “vergonzante” riqueza privada del público, según documentos descubiertos por The Guardian.

Una serie de memorandos del gobierno desenterrados de los Archivos Nacionales revela que el abogado privado de Elizabeth Windsor presionó a los ministros para que modificaran la legislación propuesta a fin de evitar que sus participaciones accionarias se revelaran al público.

Tras la intervención de la Reina, el gobierno insertó una cláusula en la ley para darse a sí mismo la facultad de eximir a las empresas utilizadas por los “jefes de Estado” de nuevas medidas de transparencia.

El acuerdo, que se diseñó en la década de 1970, se utilizó en efecto para crear una corporación fantasma respaldada por el Estado que, se entiende, ha ocultado las participaciones e inversiones privadas de la Reina hasta al menos 2011.

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La verdadera magnitud de su riqueza nunca se ha revelado, aunque se ha estimado que asciende a cientos de millones de libras esterlinas.

La evidencia del cabildeo de los ministros por parte de la monarca fue descubierta por una investigación de The Guardian sobre el uso por parte de la familia real de un arcano procedimiento parlamentario conocido como el consentimiento de la Reina, para influir secretamente en la formación de las leyes británicas.

A diferencia del procedimiento más conocido de asentimiento real, una formalidad que marca el momento en que un proyecto de ley se convierte en ley, se debe buscar el consentimiento de la Reina antes de que el parlamento pueda aprobar la legislación.

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Requiere que los ministros avisen a la Reina cuando la legislación pueda afectar la prerrogativa real o los intereses privados de la corona.

Nunca se ha sabido cuál es la verdadera fortuna de la Reina Isabel, pero ella temía que una ley de 1973 permitiría al público escudriñar sus finanzas. Foto: EFE.

El sitio web de la familia real lo describe como “una convención establecida desde hace mucho tiempo” y los expertos en temas constitucionales tienden a considerar el consentimiento como un ejemplo opaco pero inofensivo del boato que rodea a la monarquía.

Pero los documentos desenterrados en los Archivos Nacionales, que The Guardian publica esta semana, sugieren que el proceso de consentimiento, que le da a la Reina y a sus abogados una visión anticipada de los proyectos de ley que llegan al Parlamento, le ha permitido presionar en secreto para lograr cambios legislativos.

Thomas Adams, un especialista en derecho constitucional de la Universidad de Oxford que revisó los nuevos documentos, dijo que revelan “el tipo de influencia sobre la legislación con la que los cabilderos solo podrían soñar”. La mera existencia del procedimiento de consentimiento, dijo, parece haber dado a la monarca una “influencia sustancial” sobre los proyectos de ley que podrían afectarla.

‘La divulgación sería vergonzante’

Los documentos revelan que en noviembre de 1973 la Reina temía que un proyecto de ley para brindar transparencia a sus acciones en empresas pudiera permitir al público escudriñar sus finanzas. Como resultado, envió a su abogado privado para presionar al gobierno para que hiciera cambios.

Matthew Farrer, exsocio del prestigioso bufete de abogados Farrer & Co, visitó a funcionarios del entonces Departamento de Comercio e Industria para discutir las medidas de transparencia propuestas en el proyecto de ley de empresas, que había sido redactado por el gobierno de Edward Heath.

El proyecto de ley buscaba evitar que los inversores acumularan en secreto participaciones significativas en empresas que cotizan en bolsa mediante la adquisición de sus acciones a través de empresas fachada o por interpósitas personas (nominados). Por lo tanto, incluiría una cláusula para dar a los directores el derecho a exigir que los nominados que posean acciones de su empresa revelen, cuando se les solicite, las identidades de sus clientes.

Tres páginas cruciales de correspondencia entre funcionarios del Departamento de Comercio revelan cómo, en esa reunión, Farrer transmitió la objeción de la Reina de permitir que la ley revelara sus inversiones privadas en empresas públicas, así como su valor. Él propuso que se eximiera a la monarca.

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“He hablado con el señor Farrer”, escribió un funcionario llamado CM Drukker el 9 de noviembre. “Como lo he recordado, él, o, mejor dicho, creo que sus clientes, están tan preocupados por el riesgo de divulgación a los directores de una empresa como a los accionistas y al público en general.

“(Farrer) justifica esto no solo por el riesgo de una filtración involuntaria o indiscreta a otras personas”, continuó Drukker, “sino básicamente porque revelarlo a cualquier persona sería vergonzoso”.

Después de ser informado de que eximir solo a la Corona de la legislación significaría que era obvio que cualquier participación accionaria tan anónima era propiedad de la Reina, Farrer, dice la correspondencia, “se asustó un poco, enfatizó que el problema se tomó muy en serio y sugirió, un tanto tentativamente, que los habíamos metido en este dilema y, por lo tanto, debemos encontrar una salida”.

Drukker continuó: “No le gustó ninguna sugerencia de que poseer ese tipo de activos no es tan vergonzosas en estos días, dado el amplio conocimiento de, por ejemplo, la propiedad de la tierra. Tampoco veía que el problema pudiera resolverse evitando las participaciones en determinadas empresas. Era el conocimiento per se lo que era objetable”.

Después de ser informado por Farrer “que ahora debe buscar instrucción” de su cliente, Drukker le advirtió a un colega: “Creo que ahora debemos hacer lo que usted sugirió que eventualmente deberíamos hacer: advertir a los ministros”.

Tres días después, otro funcionario, CW Roberts, resumió el problema en un segundo memo.

“Al señor Farrer no solo le preocupaba que la información sobre las acciones que tenía la Reina, y las transacciones en ellas, pudiera hacerse del conocimiento público (ya que aparecería en el registro de la compañía) y, por lo tanto, podría ser objeto de una posible controversia”, escribió Roberts.

“Considera que cualquier divulgación de la propiedad real de acciones por parte de la Corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, es potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones”.

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Continuó: “El Sr. Farrer ha aceptado una invitación para abordar el asunto con nosotros, pero ha dicho que no podrá hacerlo durante unos días, hasta que haya recibido instrucciones de sus directores”.

Cláusula de secreto

Al mes siguiente, el gobierno de Heath había elaborado una ingeniosa propuesta mediante la cual se podría resolver el dilema de la Reina.

“Con la ayuda del Banco de Inglaterra, mi departamento ha desarrollado las siguientes soluciones, que aparecerán en el proyecto de ley”, escribió el secretario de Comercio conservador, Geoffrey Howe, a un colega ministro.

Howe propuso insertar una nueva cláusula en el proyecto de ley que otorgue al gobierno el poder de eximir a ciertas empresas del requisito de declarar las identidades de sus accionistas.

Oficialmente, el cambio beneficiaría a una variedad de inversionistas adinerados. “Tal categoría podría definirse generalmente para cubrir, digamos, jefes de estado, gobiernos, autoridades monetarias centrales, juntas de inversión y organismos internacionales formados por gobiernos”, continuó Howe.

En la práctica, sin embargo, la Reina era claramente la beneficiaria prevista del arreglo. El gobierno tenía la intención de crear una empresa fantasma a través de la cual una serie de estos inversores pudiera tener acciones. Significaba que cualquier miembro curioso del público sería incapaz de precisar cuáles de las acciones propiedad de la empresa estaban en nombre de la monarca.

“Mi departamento ha discutido esta solución con los asesores legales de la Reina”, señaló Howe. “Si bien, por supuesto, no pueden comprometerse a utilizar la nueva disposición sugerida, aceptan que es una solución perfectamente razonable al problema que enfrentan y que no pueden pedirnos que hagamos más. Por tanto, estoy dictando que las disposiciones necesarias aparezcan en el proyecto de ley”.

Pasarían tres años antes de que el proyecto de ley y su cláusula de secreto entraran en vigor. En febrero de 1974, Heath convocó  elecciones generales, lo que resultó en la eliminación de toda la legislación que estaba pasando por el parlamento.

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Sin embargo, la propuesta fue resucitada por el posterior gobierno laborista de Harold Wilson y se convirtió en ley en 1976, con gran parte del proyecto de ley original simplemente copiado en la segunda edición.

La exención se otorgó casi de inmediato a una empresa recién formada llamada Bank of England Nominees Limited, operada por personas de alto nivel en el Banco de Inglaterra, que anteriormente se identificó como un posible vehículo a través del cual la Reina tenía acciones.

Las acciones que se cree eran propiedad de Queen fueron transferidas a la compañía en abril de 1977, según un libro de 1989 del periodista Andrew Morton.

Se cree que la exención ayudó a ocultar la fortuna privada de la Reina hasta al menos 2011, cuando el gobierno reveló que los nominados del Banco de Inglaterra ya no estaban cubiertos por ella.

Hace cuatro años, la empresa se cerró. No está claro qué sucedió con las acciones que tenía en nombre de otros. Como empresa inactiva, nunca presentó cuentas públicas sobre sus actividades.

‘Una posible mina terrestre’

El uso del consentimiento de la Reina normalmente se registra en Hansard, el registro oficial de debates parlamentarios, antes de la tercera lectura de un proyecto de ley. Sin embargo, no aparece en el expediente ninguna notificación de consentimiento para el proyecto de ley de 1976, posiblemente porque solo se solicitó para la versión de 1973 que nunca llegó a la tercera lectura.

Howe, quien murió en 2015, parece haber revelado el papel del consentimiento de la Reina, que se invoca cuando los ministros creen que un proyecto de ley podría afectar la prerrogativa real o los intereses privados de la corona, durante un debate parlamentario en 1975 en un discurso previamente desapercibido.

“En relación con ese proyecto de ley, como con cualquier otro, los asesores de la Reina, como lo hacen de forma rutinaria, lo examinaron para ver si contenía, inadvertidamente o de otra manera, alguna restricción de la prerrogativa real”, Howe dijo.

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Howe se había visto obligado a hablar en el debate parlamentario durante una disputa provocada por la filtración de documentos al periódico Morning Star. La filtración reveló la intención del gobierno de eximir la riqueza de Windsor de la ley de empresa.

Fue una primicia importante para ese diario comunista, pero los documentos filtrados no establecieron si la Reina había presionado al gobierno para ayudar a ocultar su riqueza.

En ese momento, el Financial Times señaló que “una posible mina terrestre para los conservadores sería si el Palacio de Buckingham en 1973 hubiera tomado la iniciativa de sugerir que la divulgación de las acciones de la Reina debería excluirse del proyecto de ley”.

Los artículos recién descubiertos revelan exactamente eso. “Por lo menos, parece claro que las representaciones por parte de la corona fueron importantes para alterar la forma de la legislación”, dijo Adams.

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Cuando The Guardian contactó al Palacio de Buckingham no hubo respuestas sobre las preguntas del cabildeo de la reina para modificar el proyecto de ley de empresas, o si había utilizado el procedimiento de consentimiento para presionar al gobierno.

En un comunicado, una portavoz de la Reina dijo: “El consentimiento de la Reina es un proceso parlamentario, en el que el papel de la soberana es puramente formal. El monarca siempre otorga el consentimiento cuando lo solicita el gobierno. El parlamento decide si se requiere el consentimiento de la Reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que afectarían los intereses de la Corona, incluida la propiedad y los intereses personales de la monarca”, dijo la vocera.

“Si se requiere consentimiento, el proyecto de ley se entrega, por convención, a la soberana para que lo otorgue únicamente por consejo de los ministros y como asunto de dominio público”.

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Primera parte de una serie que continuará esta semana.

The Guardian
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