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Realeza

El príncipe Carlos vetó leyes que impiden que los inquilinos compren sus casas

La realeza utilizó un procedimiento secreto para aprovechar leyes que le dan excepciones especiales al ducado de Cornwall.

Los miembros de la realeza utilizaron un procedimiento secreto para aprobar leyes que otorgaban exenciones especiales al Ducado de Cornualles Fotografía: Ben Stansall / PA

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Cuarta entrega de una serie sobre las presiones de la Corona inglesa para esconder su verdadera riqueza.

La familia real utilizó un procedimiento secreto para vetar tres actas parlamentarias que evitan que los residentes de las propiedades del príncipe Carlos compren las casas que han habitado durante décadas, revela The Guardian.

Su propiedad de 1.38 mil millones de dólares del ducado de Cornwall recibió excepciones en las actas que niegan a los residentes el derecho legal de comprar sus propias casas.

Con este oscuro procedimiento, la reina y el príncipe de Gales pueden vetar los contenidos de los proyectos de ley del gobierno y los ministros y aprobarlas antes de que las pase el parlamento.

Las excepciones han provocado que los residentes vivan en casas propias que han ido perdiendo su valor financiero. Los residentes dicen que no pueden pedir prestado sobre el valor de sus casas, por ejemplo, para pagar sus contribuciones para el cuidado social de sus seres queridos o de ellos mismos.

Jane Giddings, quien vive en una de las casas del príncipe en el pueblo de Somerset, dijo que se trata de un sistema “feudal y anacrónico” que favorece de manera injusta al príncipe Carlos y afecta a su familia. “Cuando muramos, nuestros hijos se van a quedar con una propiedad que es muy difícil de vender”, dijo.

Las excepciones permiten que el príncipe conserve el valor financiero de su propiedad y le garantiza un ingreso porque los inquilinos tienen que pagarle renta una vez al año. Los residentes dicen que no han podido encontrar una razón de cómo es posible que el heredero de la corona reciba un trato preferencial por parte del gobierno.

El príncipe se negó a hacer comentarios cuando le preguntaron si él o su familia habían realizado labores de cabildeo con el gobierno para obtener excepciones en las tres actas.

Sin embargo, The Guardian llegó a la conclusión de que al príncipe Carlos y a su madre se les permitió aprobar los contenidos de las tres actas mediante un proceso parlamentario muy antiguo que se conoce como el consentimiento de la Reina.

Por medio de este mecanismo, la monarca vetó más de mil proyectos de ley parlamentarios durante su reinado para comprobar que no afectaran a la corona o a sus intereses privados.

Otros documentos presentados con anterioridad muestran que la Reina utilizó el procedimiento para realizar labores secretas de cabildeo para que algunas leyes se alteraran para el beneficio de sus intereses privados o para reflejar sus opiniones sobre políticas gubernamentales.

El mismo procedimiento permite que Carlos de seguimiento a las leyes propuestas en caso de que afecte a sus propiedad del Ducado de Cornwall, que le da un ingreso privado de alrededor de 30.35 millones de dólares al año.

En total, al menos 275 leyes fueron vetadas por el príncipe entre 1970 y 2020 bajo este procedimiento. Incluyen una serie de leyes que van la prohibición de la caza de zorros a cambios en las leyes de herencia. El príncipe declinó decir con cuánta frecuencia pidió cambios en las propuestas de ley por medio de este mecanismo.

Por tradición, Carlos, como heredero de la corona, recibe un pago por las ganancias que se hacen en sus propiedades. Se creó en 1337, y la propiedad de 52 mil hectáreas se extiende por 21 condados en Inglaterra y Gales. También incluye partes de Cornwall, y es dueño del campo de cricket Oval en Londres, la mayor parte de Dartmoor y la tierra de Gloucestershire, Somerset, Wiltshire y Dorset.

Caso 1: reforma a leyes de arrendamiento

La primer acta parlamentaria que le otorgó excepciones para evitar que los inquilinos compraran sus casas fue la Leasehold Reform Act de 1967.

El acta tenía la intención de reformar la ley de arrendamiento bajo la cual los propietarios otorgan a los compradores el derecho de vivir en una propiedad por un cierto número de años pagando una renta sin ser propietarios desde el principio. Con esto, las personas bajo ciertas circunstancias tenían el derecho de comprar sus casas obligatoriamente a los propietarios.

Pero a los residentes del ducado de Cornwall se les impide comprar sus casas bajo circunstancias específicas. Por ejemplo, si las propiedades tienen características arquitectónicas o históricas.

Lee: El príncipe Carlos pide respaldo a la Terra Carta para poner en primer lugar al planeta

Los documentos del Archivo Nacional muestran que un funcionario de Whitehall pidió a la reina en febrero de 1967 que vetara el proyecto de ley antes de que los miembros del parlamento empezaran a debatir su contenido.

Martin Charteris,  un corredor senior, dijo que “presentó la carta a la reina” y que ella la aprobó. El ducado estaba en ese entonces bajo el control de la Reina. Charles tomó el control de la propiedad cuando cumplió 21 dos años después.

Caso 2: Scilly

La segunda acta fue la Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act de 1993. Las excepciones fueron alteradas para incluir propiedades específicas dentro del ducado de Cornwall que se encuentran en las islas de Scilly y Dartmoor.

El número de inquilinos en Scilly afectados por la excepción se calcula en un estimado de 100.

Uno de ellos es un ejecutivo petrolero retirado de 78 años, Alan Davis. No se le ha permitido comprar su bungalow de la década de los 60.

Comparó su situación con las de los millones de británicos que son dueños de su propia casa, o propiedad vitalicia, desde un principio y pueden heredar a sus hijos.

En 1984 compró el derecho de vivir en el bungalow durante 99 años. Y ahora tiene el temor de haber invertido en una propiedad que perderá todo su valor. “El problema se da cuando quieres venderla. Si el arrendamiento es de algo así como 30 años, entonces la gente no se animará”. 

Dice que fue una “absoluta tontería” el hecho de que él y otros residentes de las islas no pudieran comprar sus casas al ducado y lo atribuye a la influencia del príncipe en el gobierno.

El gobierno derrotó el intento de Davis bajo la ley de libertad de información para tratar de describir si el príncipe Carlos había cabildeado de forma privada con los ministros del gobierno para conseguir la excepción.

En una declaración, el ducado de Cornwall dijo: “Ni el duque de Cornwall ni el concejo del ducado de Cornwall se han involucrado en la redacción de la legislación que está relacionada con la reforma de arrendamiento incluyendo las concesiones residenciales”.

“El ducado, sin embargo, se preocupa por dejar claro a cualquier persona que quiera comprar una propiedad en donde la propiedad vitalicia pertenece al ducado de que hay restricciones que podrían afectar a su propiedad como resultado de la legislación.

“El valor de cualquier propiedad arrendada se reduce ya que el arrendamiento de la propiedad también se reduce. A cualquier comprador se le deja esto claro al momento de la compra”.

Caso 3: Somerset 

El tercer proyecto de ley que vetó Charles fue la Commonhold and Leasehold Reform Act de 2002, en el cual se alteraron también las excepciones, esta vez para incluir casas en el pequeño pueblo de Newton St Loe cerca de Bath, en Somerset.

Giddins es una de las tres propietarias del pueblo que no puede comprar su casa al ducado de Cornwall.

Ella y su esposo compraron una casa georgiana abandonada en 1996. “Nos hemos pasado 25 años invirtiendo mucho dinero y amor para renovarla”. Pero dice que no va a poder recuperar el dinero.

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“La pregunta es: ¿por qué se permite que la corona conserve este sistema feudal sólo porque quiere?.

The Guardian
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