La realeza revisó más de 1,000 leyes mediante el Consentimiento de la Reina
La Reina ha utilizado el procedimiento para cabildear en privado por cambios en las leyes. Ilustración: Guardian Design

Segunda entrega de una serie sobre las presiones de la Corona inglesa para esconder su verdadera riqueza.

The Guardian descubrió que la Reina y el príncipe Carlos han examinado más de 1,000 leyes a través de un discreto proceso antes de la aprobación de los miembros electos del Parlamento Británico.

El enorme número de leyes sujetas a la revisión real abarcan temas como justicia, seguridad social, pensiones, relaciones raciales y políticas de alimentos a través de reglas oscuras sobre cargos por estacionamiento y aerodeslizadores.

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Incluyen proyectos de ley que afectan propiedades personales de la Reina como sus residencias privadas en Balmoral y Sandringham, y potencialmente cualquier cosa pueda afectarla personalmente.

The Guardian recopiló una base de datos de al menos 1,062 leyes parlamentarias sujetas al consentimiento de la Reina, desde el inicio del reinado de Isabel II hasta la actualidad.

La base de datos demuestra que el opaco procedimiento del consentimiento de la Reina se ha ejercido mucho más allá de lo que antes se pensaba.

Bajo el procedimiento, los ministros del gobierno notifican en privado a la Reina sobre las cláusulas en los proyectos de ley del parlamento y solicitan su consentimiento para debatirlos.

Como parte de una serie de investigaciones sobre el uso del proceso de consentimiento, The Guardian ha publicado documentos de los National Archives que revela que la Reina ha llegado a utilizar el procedimiento para cabildear en privado.

La investigación descubrió evidencias que sugieren que utilizó el procedimiento para persuadir a los ministros del gobierno para cambiar una ley de transparencia de la década de los 70 y así ocultar su fortuna privada del público.

Los documentos también muestran que en otras ocasiones los consejeros de la monarca exigieron modificaciones a las propuestas de ley relacionadas con seguridad en los caminos y políticas territoriales que aparentemente afectaban sus residencias, y cabildearon para alterar las políticas gubernamentales sobre los sitios históricos.

La base de datos de 1,062 leyes se relaciona con la legislación que la Reina examinó bajo las reglas del consentimiento, y no se sabe en qué ocasiones también presionó para cambiar los proyectos de ley. The Guardian descubrió evidencias de cabildeo para obtener cambios en al menos cuatro proyectos de ley, pero es posible que haya interferido aún más.

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Cuando The Guardian los contactó, los representantes de la Reina se rehusaron a decir cuántas veces ha solicitado alteraciones a las leyes desde que llegó al trono en 1952.

La realeza describe el proceso de consentimiento como “un antigua convención en que el parlamento le solicita a la Reina otorgar su consentimiento … para debatir los proyectos de ley que puedan afectar las prerrogativas o intereses de la corona”.

La base de datos recopilada por The Guardian revela la amplia gama de proyectos de ley en el Reino Unido que los ministros han decidido enviar a la realeza para su consideración.

Algunos de los proyectos que la Reina examinó antes de aprobarse en el parlamento se relacionan con fortunas e impuestos. Los Windsor, una de las familias más ricas del Reino Unido, con las inversiones y propiedades de la monarca exentas de impuestos por herencia y con colecciones de bellas artes y joyería acumuladas durante siglos, son conocidos por mantener sus finanzas en privado.

Miembros de la familia Windsor pueden ocultar sus testamentos del público, a diferencia de cualquier otra familia en el país, lo que asegura un nivel inigualable de confidencialidad sobre sus fortunas privadas. No existe ninguna cifra confirmada de la fortuna de las familia Windsor, pero hay estimados que la calculan en cientos de millones de libras.

En 2014, por ejemplo, la Reina y el heredero al trono examinaron la propuesta de ley sobre herencias y las facultades del fiduciario. Dos años antes ella examinó la ley de fideicomisos (de capital e ingresos). Los fideicomisos son acuerdos legales comúnmente utilizados por familias acaudaladas para proteger sus bienes de impuestos y escrutinio público.

Ella también revisó proyectos que abarcan ramas enteras de la creación de políticas gubernamentales. La Reina ha examinado al menos 11 proyectos sobre ferrocarriles, a veces relacionados con las tierras propiedad del patrimonio real.

En 2013, la Reina otorgó su consentimiento al proyecto parlamentario para construir la vía de alta velocidad (High Speed 2) entre Londres y Birmingham. Los ministros de transporte notificaron al palacio que la ley afectaría los “intereses de la corona” pues un departamento necesitaba adquirir 21 parcelas de tierra propiedad del patrimonio de la corona durante la construcción.

Al menos 10 proyectos sobre políticas de vivienda se sometieron al consentimiento de la Reina, además de cinco relacionados con leyes de pensiones, siete relacionados con el NHS y al menos dos relacionados con el bienestar de los animales. El gobierno le otorgó una excepción a la reina en una ley de 2006 para prevenir el maltrato de animales, al prohibir que los inspectores entraran a sus residencias privadas.

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Algunos de los proyectos sometidos al consentimiento de la Reina son notablemente oscuros y probablemente tienen poca relevancia para la monarquía, lo que provoca cuestionamientos sobre por qué le pidieron a los Windsor examinar las propuestas. Incluyen una ley de 1963 relacionada con el British Museum, una de 1986 sobre el salmón, y ley de 2019 sobre estacionamientos (código de práctica), para regular la conducta de las empresas privadas de inmovilización de autos.

El Dr Adam Tucker, un especialista en leyes constitucionales de la Liverpool University, dijo que la diversidad de las leyes sujetas al proceso de consentimiento de la Reina es impresionante.

Muchas de estas leyes no se relacionan con la corona, ni parcialmente, y otras son obviamente irrelevantes para la realeza en todo sentido”, dijo. “Y aún así es obvio que tienen contenidos que los implica en el proceso.

“Observar el inmenso rango, enlistado de esta forma, realmente deja claras las dimensiones que adquiere el procedimiento”.

En otras instancias, la relación con intereses financieros de la corona es evidente, como en el proyecto de ley de 1988 que afectaba al ducado de Lancaster, la residencia privada que significa un ingreso de varios millones para la Reina.

El Palacio de Buckingham confirmó que el mecanismo involucra las propuestas de ley que afectan a los intereses privados de la Reina, tales como sus residencias privadas, además de cualquier cosa que afecte personalmente a la Reina, ya sea como individuo, como propietaria, o como empleadora.

Una portavoz de la Reina dijo: “El requerimiento del consentimiento de la Reina es decidido por el parlamento, independientemente de la familia real, en cuestiones que afectaría los intereses de la corona, incluyendo la propiedad personal y los intereses de la monarca.

“Si se requiere el consentimiento, los proyectos de legislación, por convención, sólo llegan a la soberana bajo consejo de los ministros y como cuestión de registro público”.

Y añadió: “El consentimiento de la Reina es un proceso parlamentario, y el papel de la soberana es simplemente formal. La monarca siempre otorga el consentimiento cuando el gobierno lo solicita. Cualquier afirmación sobre el bloqueo de leyes por parte de la soberana es simplemente incorrecto”.

El Cabinet Office dijo: “El consentimiento de la Reina es una antigua convención y un requisito para el proceso parlamentario. El gobierno rutinariamente busca el consentimiento y la monarca lo otorga como parte del proceso“.

Una regla poco cuestionada

Muchas de las leyes se relacionan con cuestiones de la prerrogativa real, los poderes del estado se le confiere formalmente a la monarca, pero sólo el gobierno los ejerce.

El hecho de que el consentimiento se lleve a cabo aparece brevemente en el registro del parlamento. En la Cámara de los Comunes, un ministro asiente cuando el Vocero pregunta, mientras que en la Cámara de los Lores un ministro lee un pasaje de texto rutinario.

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Los políticos casi nunca cuestionan el procedimiento. En una ocasión inusual en 2015, Lord Berkeley, del partido Laborista, preguntó por qué se requería el consentimiento de la Reina para la ley de empresas, después de que se leyó el pasaje.

Lord Taylor, quien entonces era el jefe de gobierno en la Cámara de los Lores, respondió que era “una cortesía que Su Majestad le otorga a la Cámara antes de considerar la tercera lectura de un proyecto de ley. No es común discutir a detalle cuáles son los intereses”.

Guía rápida: ¿Qué es el consentimiento de la Reina?

El consentimiento de la Reina es un procedimiento poco conocido mediante el cual el gobierno solicita el permiso de la monarca para que el parlamento pueda debatir leyes que la afectan. A diferencia del asentimiento real, una formalidad que se lleva a cabo al final del proceso de la redacción de una ley, el consentimiento de la Reina se lleva a cabo antes de que el parlamento tenga permiso para debatir la legislación.

El consentimiento se debe buscar para cualquier legislación que afecte a la prerrogativa real (los poderes fundamentales del estado, como la capacidad de declarar la guerra) o a los bienes de la corona, como los palacios reales. El Palacio de Buckingham dice que el procedimiento también abarca bienes privados de la monarca, tales como las residencias de Sandringham y Balmoral.

Si los abogados parlamentarios deciden que un proyecto requiere el consentimiento, un ministro del gobierno le escribe formalmente a la Reina para solicitar su permiso para que lo debata el parlamento. La copia del proyecto se envía a los abogados privados de la Reina, quienes tienen 14 días para considerarlos y aconsejarala.

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Si la Reina otorga su consentimiento, el parlamento puede debatir la legislación y el proceso se incluye formalmente en Hansard, el registro de debates parlamentarios. Si la Reina no otorga el consentimiento, el proyecto de ley no procede y se le prohíbe debatirlo al parlamento.

La familia real asegura que el consentimiento sólo se ha negado bajo consejo de los ministros del gobierno.

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